La nueva normativa, derivada de la aprobada en su día en el Congreso de los Diputados tras la investigación del llamado "caso Roldán", es la primera que sale adelante en un Parlamento autonómico.

La ley foral tiene como objetivo que los datos o documentos que obren en poder de la Hacienda de Navarra con fines tributarios puedan ser trasladados al Parlamento cuando una comisión de investigación lo requiera respecto a determinadas personas que desempñen o hubieran desempeñado cargos públicos, siempre que el objeto de la investigación tenga relación con su función.

"Se trata de atender a la demanda social existente y de favorecer el mejor funcionamiento de las instituciones y, en particular, las de carácter parlamentario, como son las comisiones de investigación del Parlamento de Navarra", señala el proyecto de ley.

Por todo ello, el departamento de Economía y Hacienda tendrá que facilitar declaraciones tributarias, datos, informes, etc. cuano sea requerido a tal fin por comisiones parlamentarias que estén investigando, entre otros, a miembros del Gobierno de Navarra, parlamentarios, miembros electos de entidades locales, directores generales de departamentos, miembros de los gabinetes del presidente, consejeros del Gobierno y del presidente del Parlamento y titulares de puestos de libre designación en diversos organismos y entidades públicas.

Durante el debate del pleno, fueron rechazadas diversas enmiendas que pretendían ampliar el objeo de la ley a otros cargos políticos, como diputados al Congreso y al Parlamento Europeo, senadores y personal al servicio de las Administraciones Públicas. Asimismo, fue rechazada la petición de que los datos fueran facilitados al propio Parlamento sin necesidad de que estuviera creada una comisión de investigación específica.