La propuesta socialista, que fue consensuada por todos los grupos políticos, pide al Ejecutivo que desarrolle, junto con las ONGs, programas sociosanitarios dirigidos a ofrecer a las mujeres y a los grupos sociales más desfavorecidos unas condiciones de vida qu garanticen su derecho a una vida sana, a su integridad y dignidad como personas.

Asimismo, se solicita al Gobierno y a las comunidades autónomas que promuevan entre los inmigrantes políticas de información sobre aspectos médicos y educativos en relación con la mutilación genital femenina. Igualmente, el Parlamento pide al Ejecutivo que tome medidas para detectar estos casos en España y erradicarlos.

Durante el debate de esta iniciativa, la senadora socialista María Martínez Castro recordó que apoximadamente 100 millones de mujeres en el mundo han sido sometidas a mutilación genital, lo que "supone una aniquilación de sus derechos a la dignidad e integridad física".