Los órganos de gobierno de ambas Cámaras aprobaron por unaminidad, en una reunión conjunta, la propuesta presentada por el propio CGPJ, según informaron a Servimedia fuentes parlamentarias.

El acuerdo se rubricará con la firma de un convenio por parte de los presidentes del Congreso, Manuel Marín; del Senado, Javier Rojo; y del CGPJ, Francisco José Hernando, que tendrá lugar el jueves a la una de la tarde en la Cámara Baja, con el fin de articular un procedimiento "ágil y riguroso".

El CGPJ está encabezado por el presidente del Tribunal Supremo e integrado por otros 20 miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años, como determina la Constitución en su artículo 122.

Doce de los vocales son nombrados entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, para lo que las asociaciones de jueces ya trabajan en la elaboración de las candidaturas, que posteriormente serán votadas en las Cortes Generales.

El resto son designados directamente por el Parlamento, cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados y otros cuatro del Senado. En ambos casos deben ser elegidos por mayoría de tres quintos, entre abogados y otros juristas de reconocida competencia y con más de 15 años de ejercicio.

COLABORACIÓN

El convenio que suscribirán ambas instituciones estipula que el CGPJ asistirá al Congreso y el Senado "en todas aquellas cuestiones procedimentales que se susciten como consencuencia del desarrollo del proceso de determinación de las candidaturas a vocal".

"A tal efecto, las Cámaras podrán dirigirse al CGPJ recabando su colaboración cuantas veces estimen necesarias, y encomendarle aquellas tareas u operaciones técnicas que consideren pertinentes para el desarrollo del proceso electoral", añade, "tales como registro de docimentos, verificación y comprobación de datos, diligencias o informes".

Para la consecución de tales fines, "se crea una comisión técnica de seguimiento, integrada por el secretario general del Congreso de los Diputados, el letrado mayor del Senado y el secretario general del CGPJ", a la que le compete resolver las incidencias que se puedan producir como consecuencia de la aplicación del convenio.