La norma permite a las empresas vender determinados productos en la UE si sus proveedores aseguran que proceden de zonas en las que no se han talado árboles, con el fin de luchar contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

Los productos cubiertos por la nueva legislación son el cacao, el café, el aceite de palma, la carne de vacuno, la soja, el caucho y la madera.

También se incluyen productos derivados que contienen, han sido alimentados o han sido elaborados con los productos básicos mencionados, como chocolate, muebles, papel impreso y derivados seleccionados a base de aceite de palma (utilizados, por ejemplo, como componentes en artículos de cuidado personal).

El reglamento está en vigor desde el 29 de junio de 2023 y sus disposiciones de aplicarían a partir del 30 de diciembre de 2024. Sin embargo, el Parlamento Europeo respaldó este jueves la propuesta de la Comisión Europea, secundada después por el Consejo de la UE, posponer un año la fecha de aplicación del reglamento por falta de documentos de orientación para ayudar a las empresas y las naciones a aplicar mejor las normas.

OTRAS ENMIENDAS

La decisión de la Eurocámara, adoptada con 371 votos a favor, 240 en contra y 30 abstenciones, se fundamenta en las preocupaciones planteadas por países comunitarios y no comunitarios, comerciantes y empresas de que no podrían cumplir plenamente con las normas si se aplicaran a finales de este año.

Por tanto, las obligaciones del reglamento serán vinculantes a partir del 30 de diciembre de 2025 para grandes compañías y comerciantes y el 30 de junio de 2026 para micro y pequeñas empresas.

El Parlamento Europeo aprobó otras enmiendas, entre ellas la creación de una nueva categoría de países que no presenten ningún riesgo de deforestación, además de las tres existentes de riesgo ‘bajo’, ‘normal’ y ‘alto’.

Los países clasificados como ‘sin riesgo’ (esto es, con un desarrollo estable o creciente de la superficie forestal) se enfrentarían a requisitos menos estrictos, ya que el riesgo de deforestación es insignificante o inexistente.

Con todo, la Eurocámara devuelve el reglamento a la Comisión Europea para que se celebren negociaciones interinstitucionales. Los cambios entrarán en vigor cuando el texto acordado sea aprobado aprobado tanto por el Consejo como por el Parlamento y publicado en el Diario Oficial de la UE.

DILIGENCIA DEBIDA

Ese aplazamiento permitirá a terceros países, Estados miembro de la UE, operadores y comerciantes estar preparados para cumplir con sus obligaciones de diligencia debida, que consisten en garantizar que determinados productos y materias primas vendidos en la UE o exportados desde la Europa comunitaria no produzcan deforestación.

Estos sistemas de diligencia debida incluyen la identificación de los riesgos de deforestación en las cadenas de suministro, así como medidas de seguimiento y presentación de informes para demostrar el cumplimiento de las normas de la UE.

La principal causa de la deforestación y la degradación forestal en el mundo es la expansión de las tierras agrícolas, vinculada a la producción de los productos básicos incluidos en el ámbito de aplicación del reglamento.

Unos 420 millones de hectáreas de bosque -un área más grande que la UE- se convirtieron de bosques a uso agrícola entre 1990 y 2020, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). El consumo de la UE representa un 10% de esta deforestación global. El aceite de palma y la soja representan más de dos tercios de los productos procedentes de zonas deforestadas.