La resolución, presentada por la eurodiputada Ana de Palacio, del Partido Popular, fue aprobada por 313 votos a favor, 422 en contra y 16 abstenciones. Su objetivo es presionar a los Quince a que ratifiquen el Convenio acordado el 27 de septiembre de 1996, sin esperar a la fecha estipulada en el acuerdo, que declara aplicable el texto 90 días después de que lo haya hecho el último de los países firmantes.

La ponene lamentó "la falta de claridad en la redacción del Convenio, ya que éste puede permitir que la colaboración o participación en banda armada quede excluida de la extradición, con la indeseable consecuencia de que los países en que aquella no exista se instalen las cúpulas de las organizaciones terrroristas y criminales en toda su impunidad".

El informe insta al Consejo a que "examine la cuestión de la atribución de competencia al Tribunal de Justicia de Luxemburgo sin dejar este asunto para cuando el onvenio lleve un año en vigor, dada la importancia que reviste el establecimiento de una protección legal uniforme a escala europea".

La Eurocámara insta, además, a los Parlamentos nacionales a tener en cuenta, hasta la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, la falta de competencia del Tribunal Europeo en este asunto.

Para la ponente, "el convenio de extradición constituye un claro refuerzo de la cooperación de los Estados miembros de la Unión Europea en el ámbito de la justicia y de los asunos de Interior".