El informe, de que ha sido ponente el socialista holandés Wim van Velzen, defiende la "búsqueda de una estrategia orientada a unos pocos objetivos e intrumento concretos, que pueda lanzarse tanto a escala europea como nacional y cuyas aportaciones y resultados sean controlables".

Reclama una especial atención a los parados de larga duración, ya que el 30% de los desempleados europeos están sin trabajo desde hace más de dos años, así como para los jóvenes, de los que el 20% están en sin empleo y 14 millones no tienen más formación que la enseñanza obligatoria.

El informe señala a los discapacitados como otro grupo prioritario a tener en cuenta. Según exlicó van Velzen, las tasas de paro entre este colectivo se sitúan entre el 50% y el 70%, y para gran parte de ellos no es posible adquirir una experiencia profesional, por lo que tienen más dificultades de integrarse en el mercado de trabajo.

El documento aprobado hoy considera que los Estados deben promover la flexibilidad del mercado laboral en cuestiones como las horas de trabajo y régimen laboral (interrupciones de la carrera, peíodos sabáticos, etc.) mediante un proceso basado no en la imposiciónlegislativa, sino en el diálogo social a escala de cada empresa por separado.

El ponente propone además una serie de medidas adicionales para la creación de empleo, como la redistribución del trabajo mediante la reducción de horas extraordinarias, la rotación de empleos, los permisos parentales y "la formación a lo largo de toda la vida".

El informe insta a los Estados miembros y la Comisión a que se muestren "más cautelosos con las ayudas concedidas a las empresas mediante un control de su utiliación, para que éstas sirvan realmente para la creación de puestos de trabajo estables y no a reestructuraciones y descentralizaciones que se reflejen en despidos, aún cuando vayan acompañados de planes sociales".

Por lo que respecta al aspecto financiero, Wim van Welzen propone que los Estados deberían aumentar la media de gastos para la educación y la formación profesional de los adultos.

Además, sugiere un IVA inferior para la prestación de servicios que requieran una aplicación intensiva de mno de obra, en particular en puestos de trabajo relacionados con el aprendizaje o la obtención de experiencia laboral.

También pide la "supresión de las trabas burocráticas a las inversiones, la revisión y la simplificación de las cargas administrativas impuestas a las pymes, así como la supresión obligada de obstáculos jurídicos y financieros a la creación de empresas".

El informe solicita que los Estados miembros aumenten los fondos dedicados a formación profesional y de adultos, y que parte de dinero que actualmente se consagra a medidas pasivas, como el subsidio de desempleo, se destine a la creación de empleo.