La propuesta de Directiva establece que los vertidos de hidrocarburos ilegales o por negligencia grave son una infracción motivo de sanciones criminales, por lo que podrán llevar aparejados fuertes multas, retiradas de subsidios y ayudas, prohibición de comerciar en Europa o, incluso, penas de cárcel.

En un comunicado, la organización internacional en defensa de los mares Oceana muestra su satisfacción por la aprobación de dicha Directiva y pide al consejo de ministros que cumpla su compromiso y dé su aprobación final lo antes posible a la norma.

Ahora, explica Oceana, queda en manos del consejo de ministros dar la aprobación final "para que todos los países de la UE tengan los mismos instrumentos legales para combatir los cerca de 90.000 vertidos ilegales que se producen cada año en aguas europeas y evitar que anualmente se viertan a nuestras aguas más de medio millón de toneladas de hidrocarburos contaminantes".