Los grupos parlamentarios han mantenido ya 27 reuniones desde que se constituyó la ponencia para elaborar este proyecto, en febrero de 2004, periodo en el que se han producido más de 40comparecencias y se ha recogido diversa documentación con las aportaciones de entidades, sectores y organizaciones implicadas en este proceso.

En diciembre se recibió el informe de la Consejería de Relaciones Institucionales y Participación de la Generalitat sobre el proceso de participación iniciado por el Ejecutivo de forma paralela a los trabajos parlamentarios para informar y recabar la opinión de los ciudadanos, bajo el lema "El Estatuto es de todos".

Este documento, de 168 páginas y al que tuvo acceso Servimedia, recoge las recomendaciones remitidas por distintas entidades y colectivos, y revela que hasta finales del mes de noviembre se habían puesto en contacto con la Generalitat -a través del correo electrónico y el tradicional, la página web o el denominado "Bus del Estatuto"- unas 110.000 personas y 400 entidades.

Además, añade el texto elaborado por el Ejecutivo catalán, se han celebrado hasta esa fecha aproximadamente 200 actos territoriales, encuentros informativos y talleres de debate, y se han recabado documentos y aportaciones de 75 entidades y 12.000 ciudadanos a título individual.

La mayoría de los ciudadanos ha utilizado para informarse la página web de la Generalitat, que ha recibido en este periodo más de 86.757 visitas, pero los cuestionarios que se realizan en el "Bus del Estatuto" son los que han servido para recoger más aportaciones concretas, 6.662 de las 11.152 que se han recibido.

DERECHOS SOCIALES Y LENGUA

Las consultas y propuestas de los ciudadanos se refieren principalmente a los derechos sociales: el bienestar, la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, la salud, la educación, la vivienda, la igualdad de oportunidades, la no discriminación, el medio ambiente y la participación ciudadana en los asuntos públicos.

En segundo lugar aparecen las propuestas y demandas relativas a la cuestión lingüística, con la defensa del derecho a "poder vivir plenamente en catalán", seguidas de las cuestiones relativas a las competencias y financiación, o las instituciones catalanas y la organización administrativa.

Otro bloque de reclamaciones se refiere a los elementos simbólicos y la definición de Cataluña, especialmente el reconocimiento como nación y la conformación de su propio estatuto político respecto al Estado español, desde el derecho a la autodeterminación.

La Generalitat concluye que "el trabajo realizado nos ha permitido incorporar preocupaciones, demandas y soluciones, mientras que ahora toca a la ponencia valorar su pertinencia y su eventual traducción al lenguaje estatutario", con el fin de lograr "un Estatuto mejor y compartido por todos los catalanes".

Los informes y documentos recibidos servirán a la ponencia parlamentaria, constituida en el seno de la Comisión de Organización y Administración de la Generalitat y Gobierno Local, para elaborar un documento que tendrá que ser aprobado por mayoría de dos tercios en el Parlamento de Cataluña.

Una vez superado este trámite, pasaría a las Cortes Generales, donde necesita mayoría absoluta para salir adelante en el Congreso de los Diputados. Si lo logra, el último trámite sería la ratificación por parte de los ciudadanos catalanes mediante un referéndum.