Esta iniciativa legislativa tiene por objeto garantizar el derecho de acceso a los servicios sociales a todas las personas de los estados miembros de la Unión Europea empadronadas en municipios de Cataluña y a todas aquellas de cualquier otra procedencia que se encuentran en situación de necesidad personal básica, de acuerdo con lo que establece la legislación vigente sobre extranjería.

El proyecto de ley propone organizar los servicios sociales en áreas básicas por cada 20.000 habitantes y crear una cartera de servicios sociales que incluiría las prestaciones garantizadas de la red pública para un periodo de cuatro años.

Entre los objetivos que se fijan para el año 2008 se encuentran aumentar un 20% las plazas en residencias, centros de día para mayores, centros de atención especializada y centros de ocupación para enfermos o discapacidados e incrementar un 50% las plazas en centros abiertos para niños y adolescentes.

Esta ley persigue también que los servicios de atención precoz puedan atender a un mínimo de 25.000 personas, que haya al menos un total de 2.500 asistentes sociales, que los servicios domiciliarios lleguen al 4% de las personas de más de 65 años y que el servicio de teleasistencia domiciliaria atienda hasta 24.000 personas.

Asimismo, el proyecto establece medidas para dotar de personal cualificado las áreas básicas y regula las fuentes de financiación de los servicios sociales, que mayoritariamente son públicas, aunque el texto también alude a las obras sociales de las cajas de ahorro, exceptuando las herencias, las entidades privadas y la participación económica del usuario.

En cualquier caso, el proyecto recalca que ninguna persona puede quedar excluida de estos servicios por carecer de recursos económicos.