Según lo previsto en el texto, los infractores deberán reparar los daños causados al medio ambiente, al margen del pago de las sanciones que correspondan en función de la gravedad dela infracción.

Si el infractor no procedise a reparar el daño causado en el plazo que la Administración fije, le serán impuestas multas sucesivas coercitivas de hasta 500.000 pesetas cada una.

La ley regula aspectos educativos y de investigación en esta materia y propone entre las acciones administrativas una orientada a la consecución de un pacto ambiental para las situaciones más conflictivas y con los sectores sociales implicados.

Estos pactos ambientales incluirán objetivos que se pretenen conseguir, inconvenientes de las medidas propuestas, compensaciones, medidas que se van a adoptar y plazos para realizarlas.

En el mismo pleno del martes, el Parlamento gallego aprobará el proyecto de Ley de Creación del Instituto Galego de Consumo, que se ocupará de ejercer funciones específicas que contribuyan a la defensa del consumidor y el usuario en Galicia, protegiendo sus intereses con los procedimientos más adecuados en cada caso.