El portavoz socialista, Rafael Simancas, explicó que su grupo coincide con la delegación del Parlamento Europeo en el "diagnóstico de la situación" de la M-30 y en los "planteamientos de futuro" respecto a esta infraestructura.

Indicó que "han utilizado palabras extraordinariamente graves" respecto a la M-30 y "se nos ha hablado incluso de la posibilidad de sanciones" por parte de las instituciones europeas "por el comportamiento del Ayuntamiento de Madrid en este episodio".

Criticó el trato dado a esta delegación por el Gobierno regional, ya que los europarlamentarios fueron atendidos por dos directoras generales, una de Asuntos Europeos y otra de Calidad Ambiental, y dijo que es "un desprecio y una desconsideración institucional" que no hayan sido recibidos por ningún consejero del Gobierno regional.

Simancas indicó que, al no exigir la Comunidad de Madrid el estudio previo de impacto medioambiental, "ha vulnerado normas importantes a nivel europeo, nacional y autonómico".

Asimismo, explicó que planteó, respecto a este caso, que, en sus conclusiones, los europarlamentarios "busquen que esta obra termine cuanto antes y termine bien", en un plazo máximo de 14 meses; modificaciones al proyecto en ejecución y que las tres administraciones se coordinen en la realización de las obras".

El portavoz de IU, Fernando Marín, criticó que ningún consejero estuviese presente en la reunión con esta delegación europea. Señaló que "han entendido nuestras propuestas" y destacó que "esta obra es un precedente negativo para la UE", ya que, "si esto no se ataja, puede ocurrir en otros países".

"Les hemos contado lo que nos parece esta obra y creo que han entendido nuestra posición", señaló Marín.

El portavoz del PP, Antonio Beteta, señalóque explicó a estos eurodiputados las actuaciones de la Comunidad de Madrid en este caso y "hemos notado que tenían cierto desconocimiento de derecho interno español".

Recordó que la M-30 se convirtió en una calle tras llegarse a un acuerdo en este sentido entre el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Madrid, y dijo que este hecho no obliga a hacer declaración de impacto ambiental.

"Pensaban que era una simple denominación y no sabían que era una alteración jurídica", añadió.

Justificó la presencia de dos directoras generales en la reunión con esta delegación del Parlamento Europeo y dijo que, como era una reunión técnica, estuvieron presentes dos técnicos cualificados.