El análisis muestra que los diputados españoles son los únicos cuyo salario base anual no supera la barrera de los 50.000 dólares (6.250.000 pesetas al cambio actual), si bien la inferioridad de sueldos es general en nuestro país si se cotejan con os de las cuatro mayores potencias europeas.

En torno a los 50.000 dólares se sitúan los parlamentarios británicos, que son los peor remunerados tras los españoles, mientras que los alemanes rondan los 80.000 dólares y los franceses alcanzan en torno a los 90.000.

Los mejor pagados, pese a contar con la clase política más desprestigiada de la Europa occidental, son los diputados italianos, que cobran alrededor de 125.000 dólares, el triple que los españoles, y casi tanto con los norteamericanos,quienes "The Economist" toma como punto de referencia extracomunitario.

Además, los parlamentarios españoles también son los que reciben un plus más bajo en concepto de gastos de secretaría y de investigación, 13.000 dólares, frente a los 30.000 de los italianos, los 68.000 de los británicos, 104.000 de los alemanes y 130.000 de los franceses.

POCA INFORMACION

"The Economist" señala que, al margen de los salarios, "las cinco grandes democracias europeas son todavía blandas en sus reglas de revlación de información", en conceptos tales como la existencia de un registro obligatorio de intereses, el acceso del público a ellos y la obligatoriedad o no de declarar regalos, así como ingresos o valores ajenos al trabajo de diputado.

En este terreno destacan negativamente España y Francia, ya que nuestro país dispone de un registro obligatorio de intereses, como todos los demás, pero no está abierto al público, como ocurre en Alemania, Gran Bretaña o Italia.

Tampoco es obligatorio para un paramentario nacional declarar un regalo como la estancia pagada por un amigo árabe en el Hotel Rizt de París que recientemente costó el puesto al responsable del Tesoro británico, Jonathan Aitken, algo que España comparte con Alemania, Francia o italia, pero que le diferencia del Reino Unido (y de Estados Unidos).

"The Economist" señala que el Gobierno español, "duramente sacudido por escándalos de corrupción en el último año", al igual que otros países europeos, está tratando de llevar adelante una nuea norma de incompatibilidades (cuyo proyecto de ley fue aprobado el pasado 20 de octubre por el Consejo de Ministros) para que los parlamentarios y altos cargos de la Administración tengan que entregar sus declaraciones fiscales cada año para la posible revisión de los tribunales y Hacienda, "pero no por el público".

La revista británica opina que "la verdadera cuestión no es si debe prohibirse o no a los parlamentarios realizar otro trabajo, sino cómo asegurarse de que el público está adecuadamente iformado si lo hacen".