La intención de los nacionalistas canarios sería coordinar las decisiones de las empresas estatales que afecten al Archipiélago con las del Gobierno regional, lo que podría traducirse en una participación en los órganos de decisión de dichas empresas.

Brito explica en la proposición que es urgente cumplir el artículo 62 del Estatuto de Autonomía que se refiere a la presencia e representantes del Archipiélago en el sector público del Estado.

El diputado añade que debe ser el Gobierno canario quien designe a los representantes de los Consejos de Administración que le correspondan y los dirigentes de las empresas del Estado, solicitando que este aspecto sea contemplado en la comisión bilateral que se formalizará en el mes de septiembre.