Formularon el recurso contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia que absolvió de la responsabilidad civil del suceso al consistorio, a quien el demandante reclama 90 millones de pesetas de indemnización.

La sesión taurina, organizada por el Ayuntamiento de Soria con motivo de las fiestas de San Juan de 1989, se celebró sin el correspondiente permiso gubernativo.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 2 de julio de 1989, cuando Luis Ruiz entró al cllejón de la plaza de toros de Soria donde se iba a celebrar una becerrada.

En un momento determinado, saltó al ruedo cayéndose de espaldas y golpeándose en la nuca y en la espalda. Trasladado al Hospital de Parapléjicos de Toledo, los médicos le diagnosticaron una parálisis completa de casi todo el cuerpo, por lo que desde entonces se desenvuelve en una silla de ruedas y necesita la atención permanente de una persona.

Durante la vista oral, su abogado defensor, Raúl Ladera, denunció las irregulaidades que, a su juicio, cometió el Ayuntamiento de Soria al patrocinar lo que en un principio se anunció como una "gran becerrada" y luego fueron vaquillas.

Dijo que su defendido entró solo en la plaza de toros cuando el espectáculo ya había comenzado y resaltó que se trataba de un festejo nuevo y no tradicional.

Ladera también habló de la falta de iluminación suficiente en la plaza y la ausencia de una póliza de seguros con la cuantía necesaria para cubrir el riesgo que llevaba consigo el festeo.

Además, aseguró que hubo nexo de causalidad entre la conducta de los responsables del festejo y el percance que originó el accidente e indicó que el Ayuntamiento permitió la entrada en la plaza a mil personas más de su aforo, lo que, en su opinión, pudo provocar la avalancha de gente que llevó a la caida de Luis Ruiz.

Por su parte, el defensor de los responsables del festejo, Ricardo de María, insinuó que la caida de Luis Ruiz fue por un empujón de una señora, a la que el lesionado no demandó orque carecía de bienes para afrontar la indemnización.

Tanto él como el letrado del Ayuntamiento de Soria argumentaron la inocencia de sus defendidos en la falta de testigos que vieran cómo se produjo la caida y negaron la existencia de irregularidades en la celebración del festejo.

No obstante, el primero aceptó que debido a los usos y las costumbres de las fiestas de San Juan, la becerrada discurrió sin permiso reglamentario, si bien calificó esa anomalía de situación "paralegal o alegal".