Después de casi tres meses de trabajos y 37 reuniones, la comisión parlamentaria ha presentado a la Cámara foral sus conclusiones, a las que sólo se unieron dos votos particulares del PSN-PSOE de un total de 20 presentados por diversos grupos.

Dicha comisión se constituyó a raíz de un informe de la Cámara de Comptos en el que se detectaban diversas irregularidades en estas obras, acometidas durante los gobiernos del PSN-PSOE y d UPN.

Todas las conclusiones aprobadas, al igual que el informe del órgano fiscalizador de las cuentas de este comunidad, serán remitidas al ministerio fiscal.

La comisión acordó que es imprescindible atajar definitivamente los casos de corrupción y sus responsables. Por ello, "quienes dicen tener información objetiva y suficiente deben acudir a la Administración o a la Justicia con el fin de interponer una denuncia formal o los recursos pertinentes".

Para el Legislativo foral, el que se estblecieran a priori los baremos para la adjudicación y que se considerara un criterio la vinculación de las empresas constructoras con Navarra, "pudieron limitar de hecho la objetividad de las adjudicaciones".

Así, el consejero socialista Antonio Aragón -imputado en la trama navarra del caso Roldán- adjudicó uno de los tramos en contra de los informes técnicos. Su sucesor, el actual senador del PP José Ignacio López Borderías, "pudo haber orientado el proceso de adjudicación hacia una solución prefijad por él mismo", según el dictamen.

Otro de los capítulos que más interés ha despertado es el de la seguridad de las obras, contratadas por la cercanía de éstas con las amenazadas de la autovía de Leizarán.

Respecto a este tema, la comisión estima absolutamente injustificado que se nombrara y mantuviera a un coordinador de seguridad al margen de lo establecido en la ley, sin relación contractual con la Administración, que era quien indirectamente le abonaba su sueldo a través de una de las empresa de seguridad contratadas.

Esta persona, un coronel de la Guardia Civil en la reserva activa, decidía las empresas a contratar y recibía un salario de una de ellas. "Sus funciones podían ser incompatibles con su dependencia económica de una empresa de seguridad que prestaba sus servicios en la autovía", dice el dictamen.