Siempre según esa informacón, el presidente de CAE, Roberto Alcalde, después de la compra de Talleres Palomino, a mediados de 1989, mostró su total interés en que el anterior propietario entrase en nómina de CAE. Palomino fue ejecutivo de CAE hasta finales del 91.

La obra llevada a cabo en el búnker fue considerada materia clasificada de acuerdo con la Ley de Secretos Oficiales. El proyecto se denominó inicialmente C.I.T.A., para cambiar posteriormente a la clave R-303.

El presupuesto inicial del proyecto era de 113.548.63 pesetas, con carácter "fijo y no revisable", pero el periódico asegura que la factura final se `dispara' hasta los 600 millones por la sofisticación del proyecto. CAE se comprometía en el contrato a suministrar los equipos y material eléctricos necesarios, así como proveer de repuestos durante dos años.

Aunque el acuerdo estipulaba que la instalación eléctrica debía estar completamente finalizada a uno de octubre de 1990, y en funcionamiento a día quince del mismo mes, la ejecución de la obra se retasó hasta finales del 91.

Durante todo este período CAE mantuvo a Palomino como ejecutivo, porque, según fuentes del grupo empresarial que cita el periódico, "el interés del presidente de la compañía, Roberto Alcalde, era tener a toda costa al cuñado de Felipe González en nómina".

Para ello exigió que, aún después de que Talleres Palomino pasara a manos de CAE, su anterior propietario siguiera figurando como presidente de la firma. A finales de 1991, Palomino se desvinculó de la empresa, entoncesya Talleres Itálica, y de la matriz CAE.

`APARCAMIENTO PUERTA DE HIERRO'

La obra del búnker en La Moncloa estuvo rodeada de grandes medidas de seguridad. La Dirección de Infraestructura y Seguimiento para Situaciones de Crisis (DISSC), dependiente de Presidencia del Gobierno, elaboró un plan para evitar filtraciones de información sobre las carácterísticas del edificio.

CAE fue informada, en un documento de cinco folios remitido por el DISSC, de las especiales condiciones de trabajo que se requrían y del sometimiento a la Ley de Secretos Oficiales.

La empresa se comprometió a comunicar a la DISSC la identidad de todos sus trabajadores implicados, especificando antiguedad y grado de confianza que merecían según la siguiente escala: alto, normal, bajo.

A cada trabajadores se le facilitó una tarjeta individual de identificación, distinta en cada caso, de forma que pudiera tener acceso sólo a zonas delimitadas de la obra.

Los operarios de CAE que trabajaron en La Moncloa recibieron intrucciones precisas para que no revelaran su lugar de trabajo. Si se veían obligados a hacerlo, debían decir que construían unos supuestos "Aparcamientos Puerta de Hierro".

Cada trabajador recibió un formulario en el que, junto a datos personales, debía consignar número de tarjeta de acceso personal y las áreas en que estaba autorizada su presencia.