Los altos cargos, que comparecerán en sus respectivas comisiones parlamentarias en las próximas semanas, son el secretario de Estado de Defensa, el director general de Tráfico, el director general de Administración Penitenciaria, el presidente del ete público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, la presidenta de Renfe, el presidente de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento del Suelo (SEPES), el presidente de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) y el presidente de la empresa nacional Ingeniería y Tecnología S.A. (INITEC).

El ministro de la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, convocó una rueda de prensa este mediodía en el Congreso para informar de esta solicitud de comparecencias y valorar el transcurso de la sesión de control deayer en la Cámara, protagonizada por el "caso Palomino".

Rubalcaba dijo que tras la sesión de ayer, con las explicaciones dadas por González y varios ministros y ante la falta de pruebas ofrecidas por la oposición, se puede decir con toda rotundidad que hasta la fecha "todas las imputaciones hechas contra el Gobierno sobre tratos de favor a CAE son rigurosamente falsas y carecen de fundamento".

Explicó que las comparecencias de altos cargos solicitadas hoy tienen como finalidad dejar "absolutamene claro" que todas las imputaciones recibidas por el Gobierno sobre este asunto son una "mentira".

Cuando se le preguntó si el Gobierno está en condiciones de garantizar que Francisco Palomino no se benefició de la Administración por su calidad de cuñado de González, el ministro contestó: "El Gobierno, de lo que está en condiciones de garantizar es que no ha habido trato de favor ni al señor Palomino ni a CAE ni a ninguna otra empresa".

Rubalcaba retó a los dirigentes de la oposición que han lanzdo "insinuaciones e imputaciones falsas" contra el Ejecutivo a que "tengan el coraje democrático de reconocer que se han equivocado".

El titular de la Presidencia, que rehusó valorar los insultos escuchados en la sesión de ayer, descartó que el Gobierno vaya a emprender por ahora acciones legales contra el diario "El Mundo" por sus informaciones sobre el "caso Palomino" o que baraje la posibilidad de reformar la legislación penal sobre las falsedades periodísticas.