Los datos de AI revelan que en 1999 se produjeron en al menos 144 países violaciones de derechos humanos, bien por parte de funcionarios del Estado, o por grupos armados de oposición y bandas paramilitares. En 1998, fueron 142 los países en los que se documentaron estos abusos.

Además, el año pasado las fuerzas de seguridad, la poliía u otras autoridades del Estado cometieron torturas o malos tratos en 132 países, mientras que en 1998 la cifra fue de 125.

El presidente de la sección española de AI, Andrés Krakenberger, declaró hoy en rueda de prensa que estos datos revelan un aumento del número de países en los que se vulneran los derechos humanos.

Por el contrario, Krakenberger destacó el ligero descenso del número de Estados que perpetraron ejecuciones, que pasó de 36 en 1998 a 31 en 1999, y el aumento de países que aolieron la pena de muerte, que ya contabilizan 73, 6 más que en 1998.

La mayoría de las ejecuciones, el 85 por ciento, se producen en cinco países: Arabia Saudí, China, Irán, República Democrática del Congo y EEUU. En total, se produjeron en 1999 en el mundo 1.811 ejecuciones y se contabilizaron más de 6.000 condenados a muerte.

GUERRAS Y CRISIS

El director de la sección española de AI, Estebán Beltrán, indicó que, además de estas violaciones de los derechos humanos perpetradas por las autoidades civiles y militares o grupos de la oposición, en 1999 se volvieron a suceder los conflictos bélicos en los que no se respetó a la población civil.

Beltrán dijo que, a pesar de que la situación en Kosovo, Burundi, Timor Oriental y Chechenia hacía presagiar desde hacía años, y en algunos casos lustros, que podía estallar la guerra o conflicos violentos, la comunidad internacional no adoptó medidas para evitarlo.

Por este motivo, el director de AI vaticinó que mientras la defensa de los drechos humanos no deje de supeditarse a intereses comerciales y políticos, este tipo de crisis se seguirán sucediendo.

No obstante, reconoció que la creación de tribunales especiales para juzgar a los presuntos autores de crímenes contra la humanidad en Yugoslavia y Ruanda constituye un avance.

En la rueda de prensa también compareció Pat Bennets, hermana de Michel Woodward, sacerdote británico-chileno torturado y asesinado en Chile en 1973. El "caso Pinochet" y su evolución en los tribunalesbritánicos es pormenorizadamente analizado en el informe.

El documento concluye que este proceso "ha puesto en evidencia el que el derecho internacional no es sólo un conjunto de acuerdos de los que se puede hacer caso omiso, sino que constituye un mecanismo vital para la protección de todas las personas".

Asimismo, compareció Tang Zuan Zhong, la esposa de Wang Ce, preso de conciencia encarcelado en China, residente habitual en España, quien mostró una carta de José María Aznar en la que le aegura que su Gobierno se ha interesado por este caso y ha conseguido garantías de las autoridades del país asiático de que el reo recibe un trato digno

ESPAÑA

Como en ediciones anteriores, el documento hace referencia a España y los casos en los que se constató una violación de los derechos fundamentales o se denunció.

El informe de AI denuncia en primer lugar el final de la tregua de ETA y los asesinatos posteriores, así como la violencia callejera protagonizada por grupos "abertzales". Eseban Beltrán exigió a la banda terrorista que no vuelva a matar y que abandone las actividades intimidatorias, entre ellas las amenazas de muerte.

La organización recoge igualmente las denuncias de presuntos miembros de ETA contra agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil por malos tratos, entre los que cita palizas y abusos sexuales. Entre los casos concretos que menciona el informe se encuentra el de la presunta etarra Nekane Txarpategi, que fue detenida en Tolosa (Guipúzcoa) enmarzo de 1999.

Amnistía Internacional se refiere a los informe sobre malos tratos infligidos por funcionarios de prisiones, así como sobre condiciones precarias de reclusión y falta de atención médica, que afectaron a reclusos de Villabona (Asturias), Ponent Lleida (Barcelona), Badajoz, Soto del Real (Madrid), Villanubla (Valladolid), Dueñas (Palencia), Jaén II y otros centros penitenciarios.

Otro de los casos concretos que refleja el documento es la muerte de Miriam Gómez Cuadrado, que recibó un disparo de un agente de la Guardia Civil en Sevilla cuando viajaba en el automóvil de un amigo que intentó eludir un control de alcoholemia.

Finalmente, AI denuncia la impunidad "de hecho" de los funcionarios encargados de cumplir la ley en España, fundamentalmente en relación con las actuaciones de los GAL. "Las largas actuaciones judiciales", señala el informe, "las condenas simbólicas y la facilidad para la obtención de indultos siguieron sembrando dudas sobre la voluntad de los tribunales yde las autoridades apra erradicar la tortura y los malos tratos que cometen funcionarios públicos".