Así se establece en el "Convenio sobre la lucha contra la corrupción de funcionarios extranjeros en el ámbito de lastransacciones comerciales internacionales", que entrará en vigor el próximo 15 de febrero, según informaron a Servimedia fuentes de la Secretaría de Estado de Comercio.

España ha suscrito el convenio, aunque la ratificación del Gobierno español sufrirá probablemente un ligero retraso sobre la fecha del 15 de febrero, ya que el proyecto de ley que adaptará el Código Penal al convenio de la OCDE fue aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros y todavía falta su tramitación parlamentaria. La rforma exigida por el convenio supone dos cosas: el establecimiento de penas de prisión para quienes paguen sobornos y un sistema de extradición aplicable a estas conductas.

En concreto, el artículo 3 del convenio señala: "la corrupción de un funcionario extranjero debe ser sancionada de manera eficaz, proporcionada y disuasiva. El abanico de sanciones aplicables debe ser comparable al de las sanciones aplicables a la corrupción de funcionarios de cada Parte y deberá, en el caso de personas físicas, inluir penas de privación de libertad suficientes para permitir una ayuda mutua judicial y de extradición eficaz". El actual Código Penal español castiga el cohecho a funcionario con una pena de 2 a 6 años de cárcel.

El convenio que ahora entrará en vigor establece que es un delito en el país originario de la empresa sobornar a funcionarios extranjeros para conseguir o mantener un negocio, algo que habría sido plenamente aplicable, por ejemplo, a los casos de corrupción detectados en el Comité Olímpico nternacional.

Sobre la magnitud del problema, el preámbulo del convenio es tajante: "la corrupción es un fenómeno ampliamente extendido en las transacciones comerciales internacionales, tanto de comercio com de inversión, que suscita graves preocupaciones morales y políticas, afecta a la buena gestión de los asuntos públicos y al desarrollo económico, y distorsiona las condiciones de la competencia internacional".

El convenio ha sido impulsado particularmente por Estados Unidos, un país que hace einte años aprobó la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, para prohibir a sus empresas el pago de sobornos a funcionarios responsables públicos de paises extranjeros.

El carácter pionero de esa norma hizo que Estados Unidos se quejase de que suponía un perjuicio para sus ventas al exterior, causando unas pérdidas que el Departamento de Comercio norteamericano estimó, para 1997, en 15.000 millones de dólares (2,14 billones de pesetas, al cambio actual).

SOBORNOS

En la firma de este acuero ha influido también la sucesión de escándalos relacionados con dictadores de los que ha trascendido, tras perder el poder, que habían acumulado fabulosas fortunas imponiendo comisiones o regalos forzosos a las empresas extranjeras que hacían negocios en sus paises, como el indonesio Suharto.

Según la revista británica "The Economist", que dedicó recientemente un artículo a este asunto, se estima que los líderes africanos guardan alrededor de 20.000 millones de dólares (2,9 billones de pesetas) en cuntas bancarias en Suiza, obtenidos mediante comisiones ilegales, principalmente.

La revista añade que las empresas alemanas pagan anualmente alrededor de 3.000 millones de dólares al año (430.000 millones de pesetas) para lograr contratos en el extranjero y que en el negocio de la venta de armas los sobornos ascienden a 2.500 millones de dólares anuales, alrededor de una décima parte de la facturación.

Con carácter general, los paises más pobres son también los de administraciones más corruptas. l instituto "Transparencia Internacional", una organización con base en Berlín, difunde desde 1995 un índice de corrupción que, en su edición de 1998, situaba a Dinamarca como el país de mayor integridad del mundo y a Camerún como el más corrupto.

En un baremo de uno a diez, España puntúa con un seis, por detrás de paises como Suecia, Canadá, Holanda, Gran Bretaña, Alemania, Francia o Chile, y por delante, entre otros, de Italia, Grecia o Bélgica.