En total, los gobiernos dedicarán 154 millones de euros a estas campañas. Los bancos y las administraciones públicas de estos países también intensifican sus preparativos para hacer frente a la introducción de la moneda única.

El documento destaca la importancia estratégica de las campañas de información para preparar a la población de la zona euro para la introducción de la moneda única. Con ese fin, los Estados miembros han presupuestado un total de 154 millones de euros para campañas informativas en 2001, frente a los 83 millones de euros destinados el año anterior.

En España, la Administración Pública ha dedicado en 2001 casi 24 millones de euros, que complementados por 4 millones aportados por la Comisión Europea, suponen un total de casi 28 millones de euros, frente a los 24 que se gastaron para este tipo de actividades en 2000.

La nueva campaña de comunicación en España se presenó el pasado 6 de marzo y durará hasta junio de 2002. Los mensajes principales de esta campaña, centrada sobre todo en televisión y radio, son: las fechas clave (1 de enero-28 de febrero de 2002), significación de los céntimos, equivalencia entre euros y pesetas, eurologo y el compromiso de evitar aumentos de precios como consecuencia de la introducción de la nueva moneda, así como el fomento a las pymes para adoptar el euro anticipadamente.

Se ha diseñado también un programa especial con directrices d contabilidad para empresas y bancos españoles, que se está aplicando en colaboración con el Instituto Español de Auditoría y Contabilidad.

En Europa, los pequeños comerciantes se comprometieron recientemente a empezar a fijar y mostrar sus precios en euros a partir de septiembre de este año, dándoles mayor visibilidad que a los precios en moneda nacional y manteniendo esta práctica al menos hasta finales del período de circulación dual. Este compromiso incluía además asegurar una estabilidad del nive de precios cuando éstos se fijen en euros.

En cuanto a los preparativos para los consumidores y los grupos particulares, en España se han previsto acciones dirigidas directa o indirectamente a un millón de ancianos antes de finales de 2001. Con la ayuda de las ONG, también se extenderá esta medida a otros grupos vulnerables, incluyendo a aquellos que habitan áreas rurales, inmigrantes y grupos de bajos ingresos, así como a personas discapacitadas.