Según el portavo de UA, Ernesto Ladrón de Guevara, "el hecho de conculcar a conciencia las leyes y normas jurídicas nacidas de la voluntad popular puede ser considerado prevaricación culposa".

A su juicio, con la amenaza de asumir competencias de forma unilateral, el Gobierno vasco "nos lleva a una independencia de facto, sin que los ciudadanos ni el sujeto de soberanía les haya dado poder para ello".

El cumplimiento de este anuncio supondría, según UA, la comisión de delitos contemplados en los códigos Civil y enal, así como desacato respecto al marco jurídico nacido de la voluntad popular: la Constitución y el Estatuto.

Por otro lado, UA insiste en la necesidad de realizar una consulta a los alaveses "para segregarnos del invento nacionalista y formar nuestro propio Estatuto de Autonomía para Alava".