Los represententes del PSOE, CiU, Entesa Catalana de Progrés, PNV, Coalición Canaria e Izquierda Unida coincidieron en utilizar términos como "fraude a la Constitución" y "golpe al Estado de Derecho" para criticar tanto la forma como el fondo de la reforma.

El portavoz del PNV en la Cámara Alta, Joseba Zubía, expresó su "más absoluto de los rechazos" a un "nuevo procedimiento legislativo" ideado por el Gobierno, en el que, a través de una enmienda del PP en el Senado, se libra de hacer unproyecto de ley, remitirlo a consultas a otros ministerios, solicitar un dictamen del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado y también de un "pesado debate en el Congreso", ironizó.

El socialista catalán Isidre Molas, portavoz de la Entesa, reclamó al presidente de la Comisión que "amparara su derecho a presentar enmiendas a un nuevo proyecto de ley" y retó al Ejecutivo a que tenga "gallardía y presente los proyectos de ley dando la cara".

Por parte del PSOE, Joaquín Galán mosró su "estupor e indignación" porque el trámite realizado por el PP "vulnera, sin justificación", las competencias del Parlamento.

"CRIMINALIZAR EL DEBATE POLITICO"

Entrando en el fondo de la reforma, Molas consideró que se trata de "llevar el conflicto político al Código Penal" y Galán dijo que "los radicales abertzales estarán muy satisfechos, porque se les deja expedito el camino de la violencia". Ambos coincidieron también en que la reforma es innecesaria porque esos delitos ya están tipificadosen el actual Código Penal.

"Hoy es un día triste para España, porque la democracia no es sólo el respeto a la mayoría, sino también el respeto a las reglas del juego", sentenció el portavoz del PSOE.

También los nacionalistas catalanes y canarios centraron sus críticas en el fondo de la cuestión. Salvador Capdevila, de CiU, indicó que la medida, "insólita e intolerable", busca "criminalizar el debate político" y remarcó que "el problema vasco no es judicial, sino político".

El representante e Coalición Canaria, José Mendoza, además de recordar que el procedimiento evita el debate en el Congreso, limita los derechos de los senadores al no poder enmendarse y estimar que la medida es innecesaria al estar ya contemplada en el Código Penal, añadió que es una forma de "arrojar gasolina sobre el fuego de la dramática hoguera del País Vasco".

ARGUMENTOS DEL PP

Sin embargo, el portavoz del PP en el debate de hoy, José Fernández, se zafó de todas estas críticas y defendió tanto el fondo como la orma de la iniciativa del Gobierno.

A su juicio, el procedimiento elegido por el Gobierno y el grupo parlamentario que lo sustenta está "plenamente justificado" y resaltó que se han producido "situaciones idénticas" a lo largo de la historia, y con gobiernos socialistas, y que la doctrina del Tribunal Constitucional siempre les ha dado amparo.

En cuanto al fondo, Fernández estimó que la reforma sí es necesaria, porque la interpretación actual de la ley puede dar lugar a que un particular sí sea pnado con prisión por ayudar a un grupo político ilegalizado, mientras que un funcionario sólo sea castigado con inhabilitación.

Y sobre la judicialización de la política, el senador popular respondió que "a nadie se le ha imputado nada. Si nadie ha cometido un delito, no sé de qué se preocupan", dijo.

MOCION DEL PSOE

A pesar de que el socialista Joaquín Galán anunció durante su intervención que su grupo irá "hasta las últimas consecuencias" para luchar contra esta reforma, el portavoz del PSOE n el Senado, Juan José Laborda, dijo a los periodistas que no se plantean acudir a los tribunales.

Unicamente plantearán una moción en el próximo pleno en la que se solicitará que el Senado impida la tramitación de la reforma, con la única intención de que haya un nuevo debate sobre este asunto, con el que acercar a la opinión pública la forma de actuar del Gobierno.