La Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados trató este mediodía esta reforma, que mañana culminará su trámite parlamentario en la Cámara Baja, en una reunión en la que todos los grupos, alvo el PP, expresaron su rechazo al modo en el que se han abordado estos cambios.

Jesús Caldera, portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, recalcó que el "abuso" de la mayoría absoluta por parte del PP ha hecho que el Parlamento pierda "vitalidad" y "utilidad", y un ejemplo de ello es que se utilice al Senado para modificar normas importantes sin que se pueda debatir, algo que jamás se ha hecho en democracia, dijo.

Por su parte, la secretaria general del Grupo Socialista, María Teresa Frnández de la Vega, subrayó que carece de toda justificación que una enmienda puramente técnica del Congreso vuelva como "toda una reforma del Código Penal".

Esto vulnera, en su opinión, el derecho de los parlamentarios, y por tanto el de los ciudadanos, por lo que el PSOE estudiará la posibilidad de acudir al Tribual Constitucional no sólo con un recurso de amparo, como el presentado ya desde el Senado, sino para cuestionar la constitucionalidad de la norma.

El portavoz de Izquierda Unida, Felip Alcaraz, opina que no es suficiente con un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, puesto que ésta medida sólo afecta a la "forma", y no al "fondo" de modificación del PP, por lo que recabará apoyo para presentar un recurso de inconstitucionalidad, que requiere la firma de 50 diputados.

"ABERRACION JURIDICA"

Alcaraz considera una "aberración jurídica" que el PP introduzca en el Senado unas enmiendas que suponen un "vuelco entero" del Código Penal, "reinventar el delito político" y aproba en "lectura única" la reforma de una ley de carácter orgánico, algo que no permite la Constitución.

"Los legisladores hemos sentido vértigo", prosiguió, porque "se han roto todos los límites", se ha inaugurado una especie de "democracia penal" sin consultar con los grupos parlamentarios, ni siquiera con el PSOE, con quien tiene suscrito el Pacto Antiterrorista, y convierte así la "sintesis en una especie de rendición, y el acuerdo en cobardía".

El portavoz de IU denunció que esta "táctica" auspiiada por el presidente del Gobierno, José María Aznar, y el ministro de Justicia, José María Michavila, "reduce las libertades", y anunció por ello que su grupo realizará mañana en el Pleno un "gesto que no nos perjudique a nosotros y que cabree al adversario".

Por último, el portavoz popular, Luis de Grandes, recalcó que presentar un recurso es "legítimo", aunque insistió en que el Senado tiene competencia legislativa plena y que no hay un mandato expreso que haga preceptivo el informe del Consejo Geeral del Poder Judicial.

En estas circunstancias, opinó De Grandes, en una rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces, éste recurso ante el Tribunal Constitucional no tendrá éxito.