El documento, que se ha encargado de redactar la delegación popular según lo pactado en la última reunión el 25 de arzo, no incluye "ninguna novedad" con respecto a lo que expusieron los portavoces de uno y otro partido, según informó a Servimedia la secretaria ejecutiva de Política Municipal del PP, Rosa Romero.

Romero, que desde el primer momento ha encabezado el grupo de trabajo creado en Génova 13, enviará este lunes el documento a su homólogo socialista, Alvaro Cuesta, para que repasen el fondo y la forma del mismo y den el visto bueno para su traslado a la comisión de seguimiento del Pacto por las Libertadesy contra el Terrorismo.

Cuesta estudiará la redacción de las iniciativas y dará cuenta de sus impresiones a los representantes del Partido Popular en la reunión que populares y socialistas mantendrán el miércoles junto al secretario de Estado de Organización Territorial, Gabriel Elorriaga, que representa al Gobierno.

Según ha sabido Servimedia, el documento que ultima el PP incluye que las Diputaciones Provinciales del País Vasco puedan asumir la gestión de los ayuntamientos que sean disueltos po justificación o ensalzamiento de actividades terroristas, humillación de las víctimas o perturbación grave del funcionamiento de la corporación local.

El único punto discordante es la creación de un fondo para la seguridad de los concejales en el País Vasco porque, mientras el PP considera que debe recibir únicamente ayudas privadas, el PSOE apuesta por aprobar una partida anual en los Presupuestos Generales del Estado y vincular su control a alguna institución gubernamental. Por ello, populares y soialistas elevarán la decisión última a la comisión de seguimiento del Pacto para que sean los máximos dirigentes de ambas formaciones quienes decidan.

Asimismo, las delegaciones de PP y PSOE reafirmarán el miércoles el acuerdo para reformar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) e impedir la elegibilidad de quienes hayan sido condenados por terrorismo. Además, otra modificación de esta misma norma permitirá eliminar límites al número de suplentes que cada formación política puede presenar en sus listas electorales.

En los casos en los que las dimisiones en cadena dejen a un Ayuntamiento sin voz de alguna formación política, cualquier ciudadano mayor de edad en condiciones de ser elegido podrá suplir a los concejales dimitidos. Esos suplentes serán elegidos por la Diputación Provincial correspondiente a propuesta de las formaciones políticas afectadas, es decir, que hayan sufrido las dimisiones que han de ser cubiertas.

DISOLUCION

Las corporaciones locales cuyas actuaciones foenten el terrorismo, lo enaltezcan o justifiquen, humillen o menosprecien a las víctimas o impidan el normal funciomiento del ayuntamiento, podrán ser disueltas por decreto del Consejo de Ministros previa comunicación al Gobierno autonómico y con acuerdo del Senado.

En estos casos, la Diputación Provincial correspondiente se hará cargo de la gestión de este municipio hasta las siguientes elecciones municipales.

Este sería un nuevo supuesto de disolución que se añadiría al artículo 61 de la Ley deBases del Régimen Local, en el que ya se contempla la disolución de las corporaciones cuya gestión sea "gravemente dañosa" para los intereses generales o resulte contraria a los principios constitucionales.

En este supuesto que ya está vigente y que fue declarado conforme a la Carta Magna por el Tribunal Constitucional, la ley prevé la creación de una comisión gestora que conduzca al ayuntamiento a unas nuevas elecciones parciales antes de tres meses.

Sin embargo, cuando la disolución se vinculeactividades relacionadas con el terrorismo la gestión será asumida por la Diputación Provincial hasta las siguientes elecciones municipales.

Los dos partidos están de acuerdo también en que los interventores de las elecciones vascas no tengan que ser necesariamente residentes en la circunscripción en la que desarrollen su labor, y que las declaraciones de bienes de los concejales sean custodiadas en las diputaciones y no en los ayuntamientos.

SUBVENCIONES

También reformarán la Ley de Financiacón de partidos políticas para evitar que las formaciones políticas que justifiquen o respalden el terrorismo, menosprecien a las víctimas o impidan el ejercicio de las labores de los concejales reciban cualquier tipo de subvenciones públicas.

Otra reforma, ésta del Código Penal, permitirá incriminar no sólo a quienes amenacen a los cargos públicos, sino a quienes les impidan el acceso a los plenos o el normal ejercicio de su función.

Todos estos acuerdos deberán ser concretados en varias proposicones de ley que los dos partidos llevarán al Congreso de los Diputados para su aprobación después de ofrecer consenso al resto de fuerzas parlamentarias, según expuso al término de la última reunión el socialista Alvaro Cuesta.