Los portavoces parlamentarios del PP, Luis de Grandes, y del PSOE, Jesús Caldera, comparecieron en una rueda de prensa conjunta tras dos horas de reunión de la Comisión de Seuimiento, de la que forman parte, además de ellos, los populares Javier Arenas, Carlos Iturgáiz, y Esteban González Pons, y los socialistas Alfredo Pérez Rubalcaba, Nicolás Redondo Terreros y Carme Chacón.

Una vez constituida la Comisión, sus miembros invitaron formalmente al Gobierno a sumarse a las reuniones, que se celebrarán cada tres meses, sin perjuicio de las circunstancias aconsejen su convocatoria en cualquier momento. Queda por concretar quién representará al Ejecutivo en las reuniones.

En el encuentro de hoy, ambos partidos reafirmaron el mensaje, claro y contundente, de que las dos fuerzas políticas con posibilidades de gobernar no cejarán en su empeño de defender la libertad y la democracia y, en consecuencia, el terrorismo "no puede tener ninguna esperanza".

En virtud de esta voluntad, ambos se mostraron convencidos de que todas las decisiones se tomarán de mutuo acuerdo. El portavoz popular agregó, en este sentido, su convicción de que no se dará lugar, ni siquiera, a ninguna voación formal.

No obstante, insistieron también en que este diagnóstico común de la situación en Euskadi y los objetivos de la lucha antiterrorista no suponen la pérdida de "un ápice" de la identidad de cada uno de los dos partidos y de su estrategia política en cada ámbito, incluido el posterior a las elecciones vascas. "Ninguno de los dos renuncia a sus pretensiones", aclaró el portavoz popular.

SUMAR APOYOS

Tanto Luis de Grandes como Jesús Caldera insistieron en que este pacto está legitimadopor sí mismo, ya que representa a más del ochenta por ciento de la ciudadanía. Eso no significa, precisaron, que los dos firmantes no deseen sumar apoyos al contenido de este acuerdo.

Así, la Comisión de Seguimiento decidió abrir el diálogo inmediato con la fuerzas sociales y políticas que han declarado públicamente que comparten plenamente el acuerdo. Este es el caso de Coalición Canaria (CC), Partido Andalucista (PA), Unión del Pueblo Navarro (UPN), Partido Democrático de la Nueva Izquierda (PDNI), nidad Alavesa (UA), Unión Valenciana (UV), Partido Regionalista de Cantabria (PRC), y Partido Aragonés Regionalista (PAR).

Es, asimismo, el caso de los principales sindicatos, CCOO y UGT, con los que la Comisión de Seguimiento se reunirá mañana, miércoles, y de la patronal CEOE, con los que celebrarán un encuentro, previsiblemente, el próximo jueves.

Lo que no se ha decidido es si se formalizará la adhesión de estas fuerzas sociales y políticas y, en su caso, cómo se hará, si con la firma del acurdo, o a través de un protocolo. "Seguramente no será necesario firmar", avanzó De Grandes.

En los demás casos, ambas formaciones decidieron dar "tiempo al tiempo", en palabras de Luis de Grandes, para respetar las reflexiones de cada partido político u organización social. Caldera advirtió, en este punto, de que el acuerdo "no es divisible" y no es susceptible de sufrir modificaciones "sustanciales".

IMPLICAR A LA UE

Además de la vía de diálogo con las fuerzas políticas y sociales de nuestro pís, la Comisión de Seguimiento decidió abrir una vía de cooperación más activa con la Unión Europea, para que se involucre en la defensa de la democracia en el País Vasco.

Esta vía comenzará con una próxima reunión con los respectivos grupos, Popular y Socialista, en el Parlamento Europeo, y con su presidenta, Nicole Fontaine, a la que expondrán el espíritu del acuerdo y a la que pedirán un incremento de su implicación en la lucha contra ETA.

Esta intensificación de la colaboración de las instancas europeas se podría dar, según avanzó Caldera, a través de una orden de busca y captura de carácter europeo o de la agilización de las extradiciones. Hay, dijo, "un gran campo" de posibilidades para perfeccionar los mecanismos de lucha contra el terrorismo.

La Comisión de Seguimiento encargó también a dos de sus miembros, Carlos Iturgáiz y Nicolás Redondo Terreros, la tarea de conversar con las fundaciones existentes para crear una "Fundación por las Libertades" que recibirá fondos públicos y privads y que, además de defender los valores democráticos, asistirá a las víctimas del terrorismo.