A través de una pregunta planteada por el diputado Carlos Urquijo, los populares interrgan al consejero Joseba Azkárraga sobre "cómo se ha permitido el despropósito" de organizar un concurso público para adjudicar un estudio que, en primer lugar, pretende que se examinen las instituciones penitenciarias vascas.

Urquijo destaca que el Ejecutivo autonómico no tiene autorización para analizar estas instituciones, al tiempo que pregunta al consejero si no estima que el concurso "debe ser anulado y su importante presupuesto" destinado a materias de Justicia sobre las que sí que tiene competecia el Gobierno autonómico.

De esta manera el parlamentario pupular se hacía eco de la información difundida ayer por Servimedia, según la cual el Ejecutivo de Ibarretxe había sacado a concurso un estudio para conseguir un "modelo político-administrativo" propio de política penitenciaria.

NORMATIVA Y ORGANIGRAMA

En este sentido, aunque la convocatoria del concurso habla escuetamente de un informe sobre "sistemas de ejecución penal", en el pliego técnico al que tuvo acceso esta agencia se explic en detalle que el adjudicatario debe sugerir una posible normativa penitenciaria, así cómo qué organigrama y presupuestos debería tener este modelo penitenciario.

La convocatoria justifica el encargo porque la Consejería de Justicia tiene entre sus atribuciones "estudiar y diseñar la política de servicios penitenciarios y de rehabilitación" para el País Vasco, "en previsión de la futura transferencia en esta materia".

Tras aludir a que el Estatuto vasco recoge como competencia propia de esta autnomía la "ejecución de la legislación penitenciaria", el pliego técnico establece que el adjudicatario de la investigación deberá, en primer lugar, evaluar la "situación actual" de las instituciones penitenciarias vascas.

A continuación, el Gobierno vasco quiere el "diseño de un modelo político-administrativo", que debe incluir unos "principios rectores de un sistema de ejecución penal y penitenciaria"; un "esbozo de la normativa a desarrollar para la ejecución de la competencia a asumir"; un "organigama adminitrativo"; así como unos "posibles presupuestos" desglosados.

El tercer gran apartado hace referencia a que el estudio debe plantear cuál podría ser el modelo de "ejecución penal" del sistema vasco, para lo cual deben analizarse aspectos como "limitaciones político-legislativas actuales y futuras", "programas actuales a mantener, remodelar o suspender" o nuevas actuaciones a llevar a cabo.

Por último, la Consejería de Justicia también quiere un "análisis de la repercusión social del sistma", que incluye cuál sería "la disposición de las víctimas de delitos y de la ciudadanía en general a aceptar un plan de ejecución penal fundamentado en los principios rectores de mínima intervención, reinserción, no vindicativo, restaurativo y comunicativo, etc".