Así consta en las enmiendas que los peneuvistas han presentado en el Congreso de los Diputados a la proposición de ley para aumentar la seguridad de los cargos públicos, pactada por PP y PSOE y a la que los partidos pueden plantear modificaciones hasta hoy.

Las once enmiendas del PNV inciden en que el texto legal propuesto por popuares y socialistas vulnera la división de poderes y la libertad ideológica, al poner una serie de condiciones para que determinados partidos, como Batasuna, puedan recibir financiación pública.

Esta crítica de los nacionalistas vascos se concreta de manera especial en la enmienda número 3, por la que piden que se suprima la modificación que PP y PSOE incluyen en el artículo 2 de la Ley Orgánica de Financiación de los Partidos Políticos.

La nueva redacción propuesta por los dos partidos mayoritaris hace referencia a que no deben entregarse recursos públicos a los grupos que "promuevan o justifiquen el odio o la violencia" o "enaltezcan o justifiquen el terrorismo". Tampoco deberán recibir ayudas las formaciones que incluyan condenados por terrorismo en sus listas, sin que éstos hayan rechazado públicamente los fines y medios de la banda criminal.

Según el PNV, la legislación actual ya contempla la disolución de los grupos que son delictivos, por lo que el cambio propuesto por PP y PSOE no tien sentido, a menos que el objetivo sea que la Administración del Estado y no los jueces decidan cuándo una organización política es delictiva.

Los peneuvistas entienden que esto sería una "grave vulneración del principio de separación de poderes", al tiempo que añaden que exigir a los candidatos que han sido condenados que rechacen públicamente los fines terroristas "vulnera la libertad ideológica y el derecho de asociación".

Los nacionalistas vascos consideran que estos mismos derechos no se tienn en cuenta cuando en la proposición de ley se alude a que tampoco deberán recibir ayuda pública los partidos que incluyan en sus listas "condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, contra las instituciones del Estado o terrorismo".

En este sentido, el PNV afirma que si lo que se pretende con este punto es prohibir que se pague "a las formaciones políticas que, sencillamente, cuenten entre sus militantes, en sus órganos de gobierno o entre sus dirigentes" con algún condenad por delitos como el de terrorismo, esto puede quebrar el principio de igualdad y el derecho de asociación.