Portavoces de estos colectivos de jueces dijeron a Servimedia que la decisión de estos partidos de no suspender las subvenciones a SA, a pesar de las órdenes en contra del Tribunal Supremo, puede serconsiderada como una vulneración de uno de los artículos del Código Penal que han sido modificados.

En concreto, incluir el pago de ayudas a SA en los Presupuestos del Parlamento para 2004 podría vulnerar el artículo 576 bis, que, tras la reforma de hoy, castiga con entre tres y cinco años de cárcel a quienes entreguen dinero público a partidos o grupos ilegales.

A este respecto, Manuel Torres, portavoz de la Francisco de Vitoria, señaló que si cuando las cuentas de la Cámara vasca se aprueben deforma definitiva está en vigor la reforma penal contra el "plan Ibarretxe", dar dinero al grupo que lidera Arnaldo Otegi podría incardinarse en el artículo 576 bis.

Por su parte, el portavoz de la APM, José Manuel Suárez, opinó que si la entrega de estos fondos a SA se produce estando en vigor las modificaciones aprobadas por la Cámara Baja, los responsables de "cualquier acto ejecutivo" relacionado con la entrega de este dinero podrían ir a la cárcel.

En su opinión, de acuerdo con la reforma penl impulsada por el Gobierno, "esos actos de entrega de fondos a cualquier asociación o grupo ilegal podrían tener indicios bastantes de ser constitutivos de delito".