"Estamos ante una legislación de excepción que no es necesaria y que puede suponer un peligroso deterioro de la calidad del sistema democrático", alerta la coalición en un comunicado.

La coalición considera necesario que cambios legales de este calado, que afectan a normas fundamentales en un Estado de derecho, no se decidan "excluyendo a buen parte de la pluralidad social y política de España".

En su opinión, "el exclusivismo, el bipartidismo y la falta de respeto hacia los votantes del resto de fuerzas democráticas evidenciada por los impulsores del Pacto Antiterrorista impiden un diálogo político imprescindible para aportar soluciones realmente efectivas para lograr acabar con la violencia en el País Vasco".

Pese a criticar algunos de los cambios propuestos, la coalición considera que otros son "adecuados" para tratar de reforzar l seguridad de los cargos públicos, tales como la creación de un fondo público.

Ante la posibilidad de disolver las corporaciones locales en casos excepcionales, la coalición cree "oportuna" la iniciativa de PP y PSOE, si bien alerta de la necesidad de preservar la autonomía municipal.

Izquierda Unida respalda también la modificación de la legislación electoral para evitar que condenados por terrorismo sean elegibles en las listas electorales.

El punto en el que la coalición mantiene más discepancias es la ilegalización de Batasuna, por considerar que una formación política debe disfrutar de todos los derechos establecidos en la ley mientras no sea ilegalizada por sentencia judicial firme.

"Cambiar la ley sólo con el objetivo de ilegalizar Batasuna es tremendamente peligroso y despierta serias dudas sobre la eficacia práctica que tendrá. Además, no es de recibo democrático que un partido pueda instar a la ilegalización de otro. La coherencia lleva a pensar que deberían ser instituciones enargadas de la defensa de la legalidad y los derechos, como pueden ser el Ministerio Fiscal o el Defensor del Pueblo, quienes ejerzan esa posibilidad".