El diario, que se editaba en euskera, fue clausurado el pasado 20 de febrero por orden del Juzgado de Instrucción número 6 de la AudienciaNacional, como fruto de una investigación de dos años sobre la "instrumentalización del rotativo" por parte de ETA.

Saura entiende que el delito es "una conducta individual y, por consiguiente, el cierre de un medio de comunicación supone una vulneración del derecho a la libertad de expresión y a la libertad de información".

Por ello, IC propone un texto en el que el Congreso de los Diputados declare su "compromiso con la defensa de todos los derechos fundamentales", y su preocupación por la vulnración del derecho a la libertad de expresión y de información que puede significar el cierre del citado diario.