La cuestión veien precedida de una polémica que arrancó el domingo de la semana pasada semana en oledo, cuando el presidente, José María Aznar, se preguntó en voz alta, durante un acto del PP, si quienes piden que se aplique en Euskadi un proceso de paz similar al de Irlanda del Norte, están pidiendo también la suspensión de la autonomía, como hizo Tony Blair.

El miércoles, la Ejecutiva del PNV hizo público un duro comunicado, leído por su presidente, Xabier Arzalluz, en el que retaba a Aznar a que "proceda" a retirar la autonomía, sobre la base del artículo 155.2 de la Constitución. Si lo hicier, advertía la nota, pasaría a la historia como el "autor del desmoronamiento del Estado".

Hoy, el ministro portavoz ha acusado al PNV de tergiversar las palabras de Aznar en Toledo. "El presidente del Gobierno nunca ha dicho eso. Otra cosa es que el señor Arzalluz quiera, pretenda o insista en que eso ha sido así. No ha habido tal referencia y si lo que busca el señor Arzalluz es crear un nuevo punto de fricción, sencillamente no nos parece aceptable".

Lo cierto es que, otras fuentes próximas al residente Aznar reconocen que la idea de aplicar el artículo 155.2 de la Carta Magna ya no es defendida en solitario por Manuel Fraga dentro del PP.

El análisis que se hace en ese ámbito es que hay que empezar a "estudiarlo" para cortar de raíz un debate abierto y que parte de una premisa falsa: que el `lehendakari` puede convocar un referéndum que afecta nada menos que a la soberanía de todos los españoles. Se trata, en cualquier caso, de esperar a ver que hace el PNV, pero, de atreverse a convocar l consulta, actuar antes de que el problema pase a mayores.

SUBVENCION A SENIDEAK CUESTIONADA

Por otro lado, el Consejo de Ministros tomó hoy conocimiento de la resolución 1373 aprobada por la ONU tras los atentados del 11 de septiembre en EEUU, para impedir la financiación de grupos terroristas y afines.

El ministro Cabanillas ha explicado que esa resolución es un "guión" que implica a todas las instituciones democráticas. Por tanto, el Gobierno "actuará" si se demuestra que en España se da el aso, en alusión a los 7,2 millones que va a recibir Senideak (asociación de familiares de etarras) del Gobierno Vasco en 2001.

La citada resolución, aprobada el 28 de septiembre en Nueva York y que va a ser publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), obliga a los Estados a tipificar como delito la previsión o recaudación de fondos con fines terroristas. Además, se ordena suspender cualquier status jurídico caritativo y de beneficios fiscales a organizaciones afines a terroristas.

Los Gobieros tendrán que `congelar` los fondos y activos financieros de personas o entidades que cometan o intenten cometer actos de terrorismo, participen en ellos o faciliten su comisión. Esto abarca a personas jurídicas (empresas o asociaciones), y entidades de su propiedad o bajo el control de los implicados.

En otro ámbito, la resolución 1373 obliga a todo Estado a intercambiar información y asistencia sobre terroristas. Para ello imponen las siguientes obligaciones:

- Abstenerse de proporcionar todo ipo de apoyo, activo o pasivo, a las entidades o personas que participen en la comisión de actos terroristas. Adoptar las medidas necesarias para prevenir la comisión de actos terroristas. Impedir la utilización del territorio nacional y denegar refugio a quienes financien, planifiquen o apoyen de cualquier forma actos de este tipo.

- Tipificar penalmente la financiación, planificación, preparación o comisión de estos actos, y procesar judicialmente a toda persona que participe en los mismos.

- Coperar con otros Estados en el ámbito procesal relativo a la financiación de actos de terrorismo o al apoyo prestado a éstos, especialmente en lo referente a la consecución de pruebas.

- Ejercer un mayor control policial tanto en fronteras como de vigilancia en lo referente a la documentación de identidad y de viaje emitida, con el fin de impedir la circulación de esas personas.

FIN DEL SANTUARIO FRANCES

El el caso de ETA, todo parece indicar que esa resolución puede significar el fin jurídico el llamado `santuario` francés, el belga, y los sucesivos que se han venido creando desde los años 80 en Méjico y otros países de Iberoamérica.

Se exhorta a los Estados a intensificar su cooperación contra el terrorismo; a firmar las doce Convenciones contra el terrorismo adoptadas en el marco de las Naciones Unidas; a evitar que el estatuto de refugiado sea concedido a personas implicadas en actos terroristas, y a impedir que la extradición de esas personas pueda ser denegada alegando motivos polítics.

La Resolución pone, asimismo, de relieve la necesidad de adoptar medidas nacionales e internacionales para hacer frente a las conexiones entre terrorismo y delincuencia transnacional organizada