Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el portavoz, Pío Cabanillas explicó que "gracias" a la contundencia de la presión policial y al Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo PP-PSOE, hoy se puede hablar de "proceso de descomposición" y de que "hay una lu al final del túnel".

Reflexiones dirigidas a quienes piensan que la ilegalización no sería más que un `balón de oxígeno` y un parón en el progresivo desgajamiento de sectores de la coalición en favor de Aralar, `Batzarre` y Zutik. ETA acusa a estos de "traición" por favorecer la estrategia del Gobierno de división en la izquierda `abertzale`.

Sin embargo, esa petición de firmeza no iba sólo para los llamados nacionalistas democráticos; el fondo de la misma tenía como desinatario también a los soialistas, a los que el Ejecutivo y el PP ven cada día más distanciados.

Pío Cabanillas insistió en que que la "convicción política" es clave en la situación que se vive y por eso repitió lo que ayer dijo José María Aznar en rueda de prensa: que el Gobierno no va a cambiar una estrategia "enormemente eficaz".

Insistió en que los socialistas Jesús Caldera y Juan Ramón López Aguilar, que acudieron a la reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo en la nohe del 22 de marzo, aceptaron en su integridad el anteproyecto de Ley de Partidos que les presentaron entonces Gobierno y PP.

En ese texto, la iniciativa de ilegalización queda en manos del Gobierno, de 50 diputados o senadores, o del fiscal general del Estado, pero el PSOE quiere finalmente que sea el fiscal el único legitimado porque quiere evitar tintes políticos al proceso.

El Ejecutivo, por boca de Cabanillas, insistió hoy en que del encuentro de aquella noche, horas después del asesinato de concejal socialista de Orio (Guipúzcoa), Juan Priede, salió un pacto en cuanto a "hipótesis de iniciativa" para la ilegalización.

Sobre esta cuestión, esta mañana discreparon públicamente en la SER dos de los asistentes a aquella reunión, el portavoz del Grupo Socialista, Jesús caldera, y el portavoz del Grupo Popular en el Senado, Esteban González Pons. Caldera dijo que ellos aceptaron los principios políticos y la filosofía del proyecto, pero no todo su articulado porque en un encuentro de dos hora y sin haber estudiado los 15 artículos de la ley el asunto no estama maduro.

González Pons intervino minutos más tarde en antena para revelar que Caldera y López Aguilar no sólo aceptaron que el Gobierno y 50 parlamentarios, además del Fiscal General, pudieran instar la ilegalización, sino que querían incluir también al Defensor del Pueblo. El argumento era que ninguna de las instancias con capacidad de recurrir al Tribunal Constitucional debía quedar fuera de la potestad de iniciativa en una cuestió tan importante.

PLATAFORMA PARA "TODOS LOS VASCOS"

El Ejecutivo no parece dispuesto a sustraer a la sociedad la sensación de que él es el que está detrás del proceso -"este proyecto es del Gobierno", insistió hoy el portavoz- y tampoco quiere dar protagonismo a José Luis Rodríguez Zapatero. Preguntado Pío Cabanillas si va a haber reunión Aznar-Zapatero, ha respondido "sencillamente, no está en la agenda".

En cuanto a la propuesta de Jaime Mayor Oreja de crear una plataforma con socialistas y e peneuvistas de cara a las Elecciones Municipales y Forales Vascas de 2003, el ministro vino a dar el respaldo del Gobierno afirmando que la alternativa del PP "se dirige a todos los ciudadanos vascos", independientemente de que el PSE haya decidido una equidistancia respecto a PP y PNV.

"Nadie puede obligar al PSOE a que no se separe de esa línea", reconoció, pero tampoco se puede pedir a los populares vascos, aclaró, que no excluyen "para nada" acuerdos con sectores de ciudadanos vascos de otros paridos.