En un comunicado de prensa, el sindicato mayoritario Erne reconoció que los policías autonómicos afrontan la seguridad pública en muchas ocasiones con la "sensación de que nos metemos en la 'boca del loco' por falta de un estudio y estrategia previa".

Según Erne, la única manera para hacer frente a este tipo de violencia callejera es la "postura conjunta de las fuerzas democráticas". Por ello, exigió al PNV y PP que "observen con escrupulosidad el deber de colaboación y que, por encima de posibles recelos corporativos, prime el principio de lealtad institucional".

Tras solicitar a los responsables políticos de Madrid y Vitoria que dejen de "jugar al póker" con la seguridad pública, Erne insistió en que debe "primar la eficiencia y eficacia de la seguridad pública" de los cuerpos policiales.

PATETICO BALZA

Por su parte, el secretario general de CCOO de la Ertzaintza, Roberto del Agua, cargó contra el consejero de Interior del Gobierno vasco, Javier Balz, y le acusó de faltar a la verdad cuando dice que el cuerpo tiene un plan específico contra la 'kale borroka'. "No existe un plan contra la 'kale borroka'. Si lo tiene, ningún policía lo conoce. Es patético", manifestó.

Del Agua declaró a la Cadena Ser que es de "sentido común" que la Policía, Guardia Civil y Ertzaintza colaboren conjuntamente frente al terrorismo callejero, ya que "todos tenemos el mismo objetivo".

Según CCOO, las únicas medidas adoptadas en la Ertzaintza frente a la 'kale borrka' lo fueron a iniciativa de los sindicatos y acusó al Departamento de Interior de mirar para otro lado en este asunto tras las pasadas elecciones del 13-M.

"Este plan no se puede llevar a efecto por falta de medios y, lo poco que existía dejó de utilizarse después de las elecciones del 13 de mayo, cosa que ya le hemos reprochado", señaló.

Asimismo, Del Agua manifestó que, si los coches camuflados de la Ertzaintza llevaran medidas de protección en los cristales, se evitaría que atentados como elde este fin de semana en Portugalete tuvieran consecuencias dramáticas.

Del Agua explicó que esta protección la llevan demandando desde hace 8 años a todos los consejeros de Interior y que tienen un coste económico "ridículo". "Si estuvieran, no estaríamos ahora frente a dos compañeros que se están debatiendo ante a una situación terrible para ellos y para su familia", concluyó.