El tribunal ha adoptado esta medida tras admitir a trámite un conflicto positivo de competencia promovido por el Gobierno, en el que se solicitaba la suspensión del precepto impugnado.

Los permisos suspendidos fueron introducidos tras un acuerdo firmado el pasado año entre los representantes sindicales y el departamento vasco de Justicia, después de que promoiese su implantación el sindicato LAB.

La iniciativa, similar a la adoptada en el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), permite a los funcionarios visitar a familiares hasta segundo grado de consanguinidad que estuvieran cumpliendo penas privativas de libertad.

Esta prerrogativa implicaba que los empleados públicos de esta consejería tenían derecho a desplazarse a los centros penitenciarios en horas de trabajo, siempre que no tuvieran posibilidad de hacerlo en otro momento.

Los permisos paravisitar a los familiares presos constan en el acuerdo que regula las condiciones de trabajo de la Consejería de Justicia vasca, que suscribieron el pasado año sindicatos y responsables políticos.

El acuerdo final, con el añadido de los permisos, fue apoyado por las centrales sindicales UGT, CCOO y CSIF, mientras que ELA y LAB, organizaciones próximas a los partidos nacionalistas, decidieron no firmarlo por considerarlo insuficiente.