La decisión del Constitucional se produce después de que el pasado mes de noviembre el Ejecutivo central plantease un conflicto de competencia, por entender que la nueva normativa excedía las atribuciones de la comunidad vasca.

La suspensión se ha llevado a efecto una vez que la reclmación del Gabinete que presidente José María Aznar fue admitida a trámite y de que el abogado del Estado reclamara la aplicación del artículo de la Constitución que permite que paralizar disposiciones autonómicas.

Este artículo, el 161.2, establece que el Gobierno central podrá pedir la suspensión de resoluciones de las comunidades que son recurridas, situación que debe ser ratificada o levantada en el plazo de cinco meses.

El Ejecutivo de Aznar argumentó al presentar el conflicto de competenciaque el Gobierno vasco había invadido prerrogativas estatales, al fijar que era necesario determinado nivel de euskera para trabajar en la Administración de Justicia de esta comunidad.

El decreto suspendido ahora en parte tiene como objetivo que, en el plazo de diez años, el 40 por ciento de la plantilla de la Administración de Justicia vasca acredite el nivel de euskera asignado a cada categoría.

En la actualidad, de las 1.700 personas adscritas al área de Justicia vasca, 500 realizan cursos de eskera y 140 ya han acreditado los perfiles demandados en sus respectivos puestos.