Esta fue una de las propuestas que el PSOE llevó ayer a la reunión de la Comisión Técnica del Pacto Antiterrorista y que será estudiada por el PP para tratar de dejarla perfilada en la siguiente reunión de este órgano convocada para el 25 de marzo.

Caldera entiende que las medidas legales acordadas ayer por el pertido del Gobiern y el PSOE tienen por objeto "poner coto a las coacciones, a las amenazas, a la cooperación e incluso al enaltecimiento de las actividades terroristas".

Son todas ellas medidas para preservar el derecho de los ciudadanos a tener representación en las corporaciones locales y a garantizar la seguridad de esos representantes populares, según explicó el dirigente socialista.

En cuanto a las posibles sospechas de inconstitucionalidad de la disolución de ayuntamientos, Caldera dijo en el Congreso que n tiene dudas el encaje constitucional de la medida pero en todo caso anunció que ésta es "una decisión política y haremos lo posible por adecuarla estrictamente a los principios constitucionales".

En todo caso, advirtió, "en un sistema democrático hay vías para consagrar definitivamente la constitucionalidad o no de una medida", que se pueden aplicar a este caso.

Caldera insistió en considerar "positivo" el resultado de la reunión de ayer porque, en primer lugar, evidencia la colaboración entre P y PSOE y está destinada a reforzar los derechos de los ciudadanos.

"Los concejales que en Euskadi defienden la Constitución, el Estatuto de autonomía y la democracia son representantes de los ciudadanos y, por tanto, cuando ven limitada su actuación y se ven coaccionados o amenazados, se está coaccionando y amenazando a los ciudadanos y por eso el Estado y los gobiernos vascos y central tienen que dotar a estos representantes de la gente de todas las garantías posibles para desempeñar adecuadamente s función", concluyó Caldera.