Según los acuerdos ya alcanzados por PP y PSOE, los Presupuestos Generales del Estado incluyen una partida de 3 millones de euros (500 millones de pesetas) para mejorar las medidas de seguridad personal para los concejales, sus viviendas y las sedes de los partidos amenazados.

La liberación de esos fondos depende de la aprobación de la Ley para mejorar la Seguridad de los Concejales el País Vasco, que hoy quedará aprobada en comisión en el Senado y que aún tiene pendiente el trámite de ser aprobada en pleno.

Los socialistas no hicieron una petición concreta de fondos para reforzar las medidas de seguridad, pero insistieron en la precaria situación en que se encuentran sus 60 sedes del País Vasco y varios de sus dirigentes.

El Gobierno, por su parte, les expresó su voluntad de acometer a la mayor brevedad algunas de las reformas en las Casas del Pueblo y en viviendas de edile, especialmente vulnerables, que los socialistas venían reclamando desde hace más de un año.

El asesinato de Joseba Pagazaurtundua, mientras estaba en un bar desprovisto de escolta, ha acelerado el incremento de los medios para la seguridad personal de los concejales, de manera que esta semana se ha doblado la escolta a varios cargos amenazados.

El PSOE está también preocupado por la amenaza lanzada por ETA en su último comunicado contra las sedes y actos públicos de los partidos, máxime ahora qu se avecina la contienda electoral de los comicios municipales del 25 de mayo.

Este es un punto en el que Gobierno y PSOE tratarán de consensuar medidas de seguridad reforzadas, ante la sospecha de que la banda terrorista pueda intentar boicotear la celebración de las elecciones.

Estas medidas son de especial importancia para el PSE-PSOE que tiene 60 Casas del Pueblo (sedes socialistas) distribuidas por el País Vasco, y para muchos de sus concejales, que viven en las localidades en las que ejerce su representación política.

Las fuentes socialistas consultadas explicaron que más que un incremento de la dotación, reclaman la puesta en marcha de las medidas acordadas y conocer los límites de los recursos con los que cuenta el Estado para hacer frente a la situación excepcional que se vive en el País Vasco.

En este sentido, señalaron que Arenas se comprometió a hacer una consulta al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para ver si es posible liberar recursos que puedan ser destinados a l seguridad de los concejales, las sedes y los representantes políticos del País Vasco.

Además, los socialistas pidieron que el Estado respalde con mayor nitidez a las organizaciones que desde distintos ámbitos de la sociedad, la economía o la cultura contribuyan a la defensa de la legalidad vigente y de los valores constitucionales y en ese sentido consideran que las organizaciones sindicales realizan una labor valiosa.