En declaraciones a Servimedia, Alcaraz reconoció que la quema de banderas españolas y los insultos contra las instituciones son consecuencias "absolutamente negativas" de esa marcha que deberían ser tenidas en cuenta por la Justicia.

En su opinión, la intención de Batasuna con esa actitud era claramente "recuperar la tensión" y darse a sí misa "un impulso social" tras su ilegalización.

Sin embargo, precisó que lo ocurrido es consecuencia de un riesgo que forma parte de la democracia, ya que existió una petición de manifestación, y ese es un derecho fundamental de los ciudadanos.

Entiende por ello que los jueces podían anular la prohibición de la marcha en aplicación de un derecho fundamental inviolable, al margen de que las consecuencias sean lamentables y deban ser analizadas por la Justicia.