Fuentes municipales informaron a Servimedia de que esta iniciativa está teniendo lugar, fundamentalmente, en localidades de la provincia de Guipúzcoa, donde hasta los comicios de mayo había un número destacado de consistorios en los que gobernaba la formación que lideraba Arnaldo Otegi.

Las fuentes consultadas señalaron que operaciones de este tipo se están llevando a cabo en localidades como Mondragón o Usúrbil, en las que Batasuna era el partido más votado asta el 25 de mayo, y donde ahora las fuerzas políticas con más apoyo han pasado a ser PNV y EA.

En concreto, la operación de limpieza en Usúrbil, ahora gobernado en minoría por EA, está consistiendo en la supresión de las dianas, pintadas y carteles que hasta las elecciones municipales cubrían la fachada del ayuntamiento y paredes próximas al edificio oficial.

En este sentido, en estas fachadas podían verse dianas con las siglas de PP y PSE en su interior, así como carteles en los que se calificba de fascista a concejales, no sólo de las dos formaciones políticas no nacionalistas, sino también de PNV y EA. En todos estos carteles se incluían fotografías de los ediles.

PRESION DE BATASUNA

Se da la circunstacia de que Usúrbil fue uno de los municipios vascos en los que la toma de posesión de los concejales elegidos el 25 de mayo tuvo lugar en la Diputación de Guipúzcoa, ya que simpatizantes de Batasuna y de las plataformas "abertzales" se encerraron en la casa consistorial para evitar la sesón de investidura del nuevo alcalde.

El castigo por realizar pintadas amenazantes contra concejales fue aumentado tras la aprobación, en marzo de este año, de la Ley para la Garantía de la Democracia y la Seguridad de los Concejales, que fue consensuada por PP y PSOE.

En concreto, el artículo primero de esta ley establece que "quienes, amparándose en la existencia de bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas, calumnien, injurien, coaccionen o amenacen a los miembros de corporaciones locles, serán castigados con la pena superior en grado a la que corresponde por el delito cometido".

Asimismo, este primer artículo indica que podrán ser condenados a una pena de prisión de seis meses a un año quienes "sin ser miembros de la corporación local, perturben de manera grave el orden de sus plenos impidiendo el acceso a los mismos" o el "desarrollo del orden del día previsto".