Este es el posicionamiento que el Supremo ha adoptado en dos sentencias a la que ha tenido acceso Servimedia, en las que se da la razón en parte a los consistorios de Mondragón y Pasaia, ambos en Guipúzcoa y gobernados por Batasuna, frente a las tesis del abogado del Estado.

Las resoluciones, dictadas por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, sostienen que los alcaldes de la formación "abertzale" están facultados para sufragar con dinero municipal los "gastos que se puedan derivar de la preparación y defensa jurídica" de los insumisos.

Este pronuciamiento se produce en respuesta a recursos de casación presentados tanto por la representación estatal como de los ayuntamientos. Ambas partes pedían se modificasen sendas sentencias de 1996 del Tribunal Superior de Justicia vasco, que rechazaban que se pudiese financiar la defensa de los insumisos con dinero municipal.

Frente a esto, el Alto Tribunal argumenta que los responsables de Mondragón y Pasaia pueden usar su presupuesto público para este fin, ya que es algo que cae dentro del principio de Prestación de los servicios sociales y promoción y reinserción social".

RAZONES IDEOLOGICAS

En concreto, en la sentencia de Mondragón, el Alto Tribunal afirma que es "razonable" que los alcaldes de Batasuna justifiquen estas ayudas porque la insumisión está asociada "a personas que por sus circunstancias de edad y por sus particulares convicciones ven comprometida su situación sociolaboral".

Al mismo tiempo, en el fallo judicial sobre Pasaia, los magistrados rechazan el argumento del abogado de Estado de que pagar la asistencia legal a los insumisos supone "oponerse a las consecuencias impuestas por el ordenamiento para el cumplimiento de las obligaciones militares".

Por contra, los jueces creen que los ayuntamientos buscan que sus conciudadanos sean absueltos o se archiven las causas contra ellos, algo que, de conseguirse, "ha de repercutir, sin duda, de forma beneficiosa en sus expectativas (la de los condenados) de promoción y reinserción social".

Estas expectativas, añade la sentenia sobre Pasaia, "no pueden resultar favorecidas por una condena dimanante del incumplimiento por razones ideológicas de una obligación que, por lo demás, hoy se halla suspendida".