Los trabajadores eneficiarios de estas prestaciones fueron 65.089, lo que supone un descenso de 13.185 en relación a 1990. De ellos, 55.355 recibieron un total de 22.360 millones de pesetas en concepto de salarios e indemnizaciones originadas por insolvencias de las empresas.

El resto, otras 9.734 personas, percibieron 2.479 millones de pesetas en aplicación del artículo del Estatuto de los Trabajadores que dispone el abono por el Fogasa del 40 por ciento de las indemnizaciones establecidas en expedientes de regulació de empleo de menos de 25 trabajadores.

Por comunidades autónomas, Cataluña y Valencia absorbieron más de la mitad de las prestaciones aprobadas por el Fogasa hasta agosto, al recibir 9.074 y 4.831 millones de pesetas, respectivamente.

El resto se reparte de la siguiente manera: Andalucía (2.081 millones), Aragón (778), Asturias (913), Baleares (364), Canarias (376), Cantabria (316), Castilla La Mancha (600), Extremadura (159), Galicia (1.317), Madrid (1.781), Murcia (311), Navarra (505), País Vaco (2.976), La Rioja (129) y Ceuta y Melilla (17,9).

Las prestaciones del Fogasa han experimentado una caída continuada desde 1987, cuando se elevaron a 70.858 millones de pesetas, hasta situarse el año pasado en 39.845 millones, la cantidad más baja desde 1981.

La disminución de estos pagos fue el resultado conjunto de la mejora de la situación de las empresas en la segunda mitad de los ochenta y de una reforma legislativa que redujo las obligaciones del Fondo.

Esa reforma estableció, entreotras cosas, la derogación de un artículo del Estatuto de los Trabajadores que obligaba al Fogasa a abonar el 40 por cien de las indemnizaciones por despido improcedente en las empresas de menos de 25 empleados, cuando el empresario optaba por la no readmisión.