Los padres de la víctima regresaron a Alicante tras asistir durante veinte días a un juicio del que sólo se han celebrado cinco sesiones tras continuas incomparecencias y aplzamientos.

Puchol confirmó que hoy está prevista la declaración de los testigos del asesinato "ya que la última sesión se suspendió porque dos acusados y tres abogados se negaron a comparecer en el juicio".

El padre del funcionario alicantino calificó al grupo de militares encausados de "pobres chicos", unos menores de edad, que a su juicio, actuaban por orden del teniente Antonio Mejía Alarcón, presunto autor material del asesinato.

Según Puchol, "el resto de los militares no están seguros e lo que pasó y actuaron como les mandaron porque, si no lo hacían, iban a ser apaleados en el cuartel".

Manuel Puchol calcula que "con un poco de suerte el año que viene habrá finalizado el juicio". De momento, los ocho acusados están prestando declaración y sobre ellos pesa una pena de 10 años como máximo al tratarse, según la ley boliviana, de un homicidio simple.

Los padres de Manuel Ramón regresaron este fin de semana a Alicante, tras darse cuenta de que poco podían hacer en Bolivia. Según Pchol, la gota que colmó el vaso fue un grupo de escolares que se presentaron en el juicio con banderitas bolivianas contra el imperialismo español