Según ha podido saber Servimedia, dos policías y dos miembros del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón se dirigieron ayer a la vivienda de Pedro Joaquín Soriano y Alfonsa Barba, prvistos de mandato judicial, con la intención de llevarse a sus cuatro hijos: Cecilia, de 13 años; Joaquín, de 11; Manuel, de 7, y Tamara, de 2.

Los funcionarios encargados de la investigación han determinado que la familia tiene problemas personales y la vivienda que ocupan presenta muy deficientes condiciones. La ley considera que los niños están desamparados, pero sus padres aseguran que no les falta el pan, el colegio y el cariño.

Pedro Joaquín Soriano, de 35 años y barrendero, estaría dispueso a perder su trabajo antes que se lleven a sus hijos. El padre declaró hoy a Radio Nacional que tiene a sus hijos escondidos "para que no me los quiten".

Añadió que su mujer y él están muy unidos y que no quieren nada más. "No quiero decir dónde me los llevo ni nada; a mis hijos no me los toca nadie", dijo. La madre, Alfonsa Barba, asegura que sus hijos no irán al colegio hasta que les dejen en paz.

La versión oficial es distinta. En enero de 1991 el Ayuntamiento de Teruel abrió un expediente po una petición de ayuda urgente para alimentación y libros escolares que presentó la familia Soriano. Un mes después, el centro escolar donde van los hijos pidió al consistorio un seguimiento de la situación familiar tras detectar problemas, petición que fue remitida al Centro de Acogida de Menores, que hasta la fecha ha realizado las investigaciones en coordinación con el Ministerio Fiscal.

El Ayuntamiento prestó su colaboración con la participación de los niños en unas colonias urbanas, donde se detetó un comportamiento agresivo por parte de los dos niños, aunque no de la hermana mayor, según señaló Paloma Tejeiro, concejala delegada de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Teruel.

Por su parte, el director provincial de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo de la Diputación General de Aragón, Fernando Tomás Rueda, afirmó que quitar la custodia de sus hijos a los padres es el último recurso después de muchos intentos y contactos con la familia.

Los niños deberán quedar bajo la tutela del Depatamento de Sanidad en el Centro de Observación y Acogida de Menores de Teruel hasta que se resuelva qué medidas de protección son las más adecuadas.

La vivienda en la que habita la familia Soriano no reúne las condiciones suficientes para su habitabilidad. La familia paga por el piso en el casco histórico de Teruel un alquiler que ronda las 7.000 pesetas al mes.

Según el cabeza de familia, el dueño no quiso hacerse cargo de las obras y aunque en dos ocasiones solicitó vivienda al Ayuntamiento de eruel, las solicitudes fueron denegadas. Pedro Joaquín Soriano tiene un sueldo de 90.000 pesetas mensuales.