A juicio de la federación, la huelga es desproporcionada como medida de fuerza, "vistos los puntos contenidos en la convocatoria y plataformas reivindicativas" y, especialmente, los que se refieren a la jornada lectiva y a la jornada continuada, porque "pueden significar un reducción de la calidad de la enseñanza".

También rechazan las solicitudes de los docentes de medidas e intervenciones especales de protección al profesorado, por entender que se trata de "concepciones corporativistas y antidemocráticas", que conceden superiores derechos al resto de los componentes de la comunidad escolar.

La federación se refiere a la petición de los sindicatos para que la Administración arbitre algún sistema que evite las agresiones de alumnos y padres, un planteamiento que según esta federación "define al alumnado y sus progenitores como elementos genuinamente violentos".

Las asociaciones de padrestampoco comparten que el MEC tenga que adoptar nuevas medidas que eximan al profesorado de la responsabilidad penal de accidentes escolares, ya que consideran que el actual acuerdo que responsabiliza civilmente al Estado ante estos casos es suficiente.