Aunque la coalición que lidera Jordi Pujol reconoce que en los últimos años el Estado ha realizado una labor de privatización progresiva, que no haría necesaria la privatización total, advierte que se trata de un paso conveniente, porque el sector público sigue teniendo una posición de dominio en los órganos de gobiernode telefónica que hace extremadamente difícil una política decidida en favor de la competencia.

Asimismo, señala que la operadora española es ya una de las más importantes del mundo, tanto por su volumen de operaciones como por su proyección internacional, por lo que la presencia del Estado entre sus accionistas no le es necesaria, como tampoco lo es para sus competidoras americanas o británicas.

CONCURSOS DE CABLE

El Departamento de Industria y Energía de la Generalitat de Cataluña considera qe la mayor parte de los concursos para la prestación del servicio de telecomunicaciones por cable deberían resolverse antes del 1 de enero de 1997, con el fin de que a lo largo de este año se pudieran establecer las redes de cable antes de que en 1998 sea efectiva la liberalización del sector.

CiU dice en su documento, elaborado por el conseller de Industria, Antoni Subira, que las redes de cable son el elemento idóneo para introducir competencia plena en el sector, pero reconoce la necesidad de hacerfuertes inversiones que deben ser compensadas mediante el reglamento de la Ley del Cable.

Para la coalición catalana, dicho reglamento tiene que aprobarse de forma urgente y debe incluir medidas como el reconocimiento del derecho de los operadores a la prestación del servicio de telefonía vocal a partir de 1998.

Los convergentes propondrán también al nuevo Gobierno el derecho a una prórroga de la concesión hasta los 25 años, a menos que sus responsables hayan sido objeto de sanciones por falta grve.

Convergencia plantea la plena liberalización de las infraestructuras de telecomunicaciones existentes en España, como las redes de que disponen Correos, las eléctricas, las petroleras, las distribuidoras de agua, gas, petróleo, los ferrocarriles, etc.

En esta línea, califica de positivos los recientes acuerdos suscritos entre Endesa y otras compañías eléctricas con Retevisión para entrar en el capital de Optel y empezar a configurar el segundo operador integral de telecomunicaciones en España el cual, según CiU, en ningún caso deberá tener mayoría de capital público.

Igualmente, aboga por la posibilidad de que existan en España más de dos operadores, y para ello pide que la nueva Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones (LOT) eleve el límite establecido para que empresas no europeas participen en el capital de los operadores.

Asimismo, los nacionalistas catalanes retoman parte de los acuerdos a los que habían llegado con el equipo de José Borrell, al plantear la aprobación, antes e marzo del 97, de una nueva Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones en la que se incluya la creación de un ente regulador del sector, al igual que se ha hecho con el sector eléctrico la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional (CSEN).

CiU considera que el desarrollo de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información en España no deben desaprovecharse para mejorar el tejido industrial, y en este sentido, apuestan por la revisión de la fiscalidad en estos sectores, como elemento esencial ara animar la inversión.