Así, en lo referente a la constitución del fondo de reserva, se da por superada la recomendación incluida en el pacto del 95, dado que la "hucha" de las pensiones cuenta ya con 7.500 millones de euros y una ley que garantiza su mantenimiento y utilización.

El Pacto de Toledo insta a destnar de forma mayoritaria y preferente los excedentes de la Seguridad Social al fondo de reserva, con lo que se deja margen para destinar parte del superávit a subida de pensiones y rebaja de cotizaciones.

En cuanto a la separación de fuentes de financiación, se recomienda acometer el proceso en el menor periodo de tiempo posible, aunque sin fijar un plazo concreto y respetando el plazo máximo de 12 años dado al Gobierno en el acuerdo de pensiones firmado con CCOO y CEOE.

De este modo, los futurosgobiernos deberán pagar todas las pensiones contributivas con cotizaciones sociales y las no contributivas con los ingresos por impuestos antes de 2013.

El punto que se ha decidido excluir por el momento del debate es la ampliación del periodo de cálculo de la pensión, dado que no hay acuerdo entre las formaciones políticas sobre este punto, sin duda el más sensible para la renovación del Pacto de Toledo.

La Comisión del Pacto de Toledo sigue pendiente de recibir el informe del Ministerio de Trabjo y Asuntos Sociales sobre el efecto que ha supuesto sobre las pensiones el calcularlas sobre los últimos 15 años cotizados, como se hace ahora, frente a los últimos 8, como se hacía en 1997, cuando se acordó abordar este proceso.

A partir de ahora, el Pacto de Toledo empezará a trabajar sobre las que se perfilan como nuevas recomendaciones, entre las que se incluirán el tratamiento de las personas dependientes, la atención a los discapacitados, la inmigración, las nuevas formas de vida laboral (tenindo en cuenta contratos a tiempo parcial y mayor temporalidad) y la incorporación y permanencia de la mujer al mercado laboral.

Entre las recomendaciones, la realización de un Libro Blanco o un estudio en profundidad sobre dependencia, la forma de mejorar la protección social de los discapacitados o los efectos que la inmigración, tanto en términos de ingresos como de gastos, va a tener sobre el sistema de Seguridad Social.