En el informe, de unos 60 folios, se relaciona con detalle la actuación contra las leyes del libre mercado que llevaron a cabo las tres compañías que, en abril de 1997 subieron los precios al unísono, alegando un incremento del precio del crudo y otros factores de carácter económico.

En varios puntos, el Servicio de Defensa de la Competencia considera que las compañías infringieron el artículo 1.12 de la Ley de Defesa de la Competencia y firmaron acuerdos "interline" que restringen la libre competencia en el mercado aéreo.

Además, les acusa de abusar de su posición de dominio en los vuelos nacionales al adoptar una medida simultánea de incremento de tarifas y una disminución de las comisiones a las agencias de viajes que actúan como intermediarios.

Igualmente, el informe considera que el acuerdo perjudicó gravemente a los viajeros que utilizan el transporte aéreo nacional.

ELEVADAS SANCIONES

El Serviio de Defensa de la Competencia propone que las tres compañías aéreas sean sancionadas con multas elevadas, si bien subraya que, de acuerdo con lo establecido por la ley, nunca podrían rebasar el 10 por ciento del volumen de negocio de cada una de las sociedades.

De acuerdo con este criterio, la multa imponible a Iberia tiene como tope los 50.000 millones de pesetas, ya que en 1997 la compañía tuvo un volumen de facturación de 496.641 millones de pesetas.

En el caso de Spanair, ese tope es de 6.00 millones, puesto que facturó 59.608 millones durante el pasado año, mientras que para Air Europa es de 9.000 millones, ya que su cifra de negocio se situó en 90.000 millones.

No obstante, la tramitación del informe queda parada temporalmente mientras dura las actuaciones penales realizadas desde la Audiencia Nacional por el juez Javier Gómez de Liaño.