Corrales, que inauguró hoy en Málaga la nueva sede de la organización sindical, criticó la actitud que Felipe González mantiene ante las negociaciones sobre el pacto social, de quien dijo que "está engañando a la opinión pública".

La confederación sindical estima que "no se puede llegar a un pacto favorable para la sociedad española sin contar con la opinión de la totalidad de sus repreentantes", haciendo manifiesta su protesta por la no presencia de esta organización en las negociaciones.

Antonio Corrales se mostró pesimista sobre el resultado final de las sucesivas rondas de conversaciones tripartitas, al entender que "se ve más interés en estabilizar la situación política del Estado que en solucionar los problemas económicos".

El máximo dirigente de la CSIF dudó de "la legitimidad moral" de los agentes sociales que intervienen en las negociaciones por el pacto social, criticndo al sindicato UGT, que a su juicio no es un interlocutor válido.

Según Corrales, el sindicato socialista está sometido "a una gran presión por el Gobierno", tanto "por el desastre de sus empresas" como por la renuncia de Nicolás Redondo a presentarse de nuevo a la Secretaría General.

CONGELACION SALARIAL

El CSI-CSIF, que asegura contar con una amplia representación entre el funcionariado, califica de "parcheo" el proyecto de modificación de la Ley de Función Pública, que Antonio Corrales entende que "trata de buscar sólo soluciones políticas a problemas políticos".

Asimismo, el presidente del CSI-CSIF se mostró contrario a la pretendida congelación salarial de los funcionarios, como solución a la difícil situación económica por la que atraviesa el país.

Antonio Corrales señaló que no sería necesaria la congelación salarial si se disminuyen las partidas para pagar a los cargos de libre designación, altos cargos de la Administración, dietas, suministros de material, publicaciones y patidos políticos, a los que calculó que el Estado dedica más de 800.000 millones anuales.

El dirigente sindical aseguró que la congelación de los salarios de los funcionarios es una medida para "pagar la mala gestión de los responsables económicos del Estado".