Este acuerdo fue suscrito incluso por el Partido opular cuyo portavoz, Francisco Alvarez Cascos, aseguró la voluntad de su partido de mantener el consenso aunque se reservó el derecho de hacer propuestas puntuales destinadas a "perfeccionar el ordenamiento jurídico" en el sentido de permitir el cumplimiento íntegro de las penas por parte de los terroristas.

Las portavoces de Izquierda Unida, Rosa Aguilar, y Esquerra Republicana de Catalunya, Pilar Rahola, fueron las más radicales a la hora de defender el cumplimiento de este aspecto del acuerdo cuyaviolación, según dijeron, supondría el enfrentamiento de todos los partidos contra el transgresor.

Sin embargo, ninguno de los asistentes, incluido el ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, han querido presuponer por parte del PP una intención de saltarse este aspecto del acuerdo.

La posiblidad de que los etarras cumplan las penas en su totalidad no se abordó como asunto independiente de este planteamiento e incluso varios de participantes en la reunión recordaron que la reinsercin está consagrada en el punto 9 del Pacto de Ajuria Enea, al que hoy han reiterado su adhesión todos los grupos.

Al mismo tiempo se comprometieron a expresar todas las discrepancias en el seno de los pactos sin recurrir a la publicidad de las diferencias a través de los medios de comunicación.

Los partidos democráticos lograron consensuar un pacto de seis puntos en el que se incluía el anteriormente citado y que no ha quedado reflejado en la redacción de un documento conjunto.

El ministro evtó plantear a los partidos aspectos de la política antiterrorista como la reinserción o el cumplimiento íntegro de las penas, que podían resultar polémicos con el fin de conseguir el mayor grado de consenso posible.

En su opinión, los partidos firmantes del pacto han dado una imagen de "frente unido y fuerte que es de extraordinaria importancia porque con esta base se puede combatir con eficacia al terrorismo". Además quitó importancia las discrepancias porque "afectan a temas menores".

EXTRADICION E ANTXON

Al finalizar, Belloch expresó su satisfacción por el alto grado de acuerdo alcanzado, confirmó que el Gobierno dará luz verde a la petición de extradición del dirigente etarra deportado en Santo Domingo, Eugenio Etxebeste "Antxon" y se negó a dar detalles sobre la actual situación operativa de la banda terrorista.

Los firmantes del pacto acordaron que el problema terrorista no fuera utilizado con intereses partidistas durante la próxima campaña electoral y sentaron las bases para iniciarel estudio de una reforma legislativa que incriba los actos vandálicos protagonizadas por organizaciones vinculadas a ETA en el marco de las acciones terroristas y por tanto con un nuevo tratamiento procesal.

Estas reformas podrían referirse, según el ministro, al procedimiento judicial que se siga contra los autores, a los órganos judiciales encargados de enjuiciarlos o a la tipificación de nuevas figuras delictivas que permitan acercar el tratamiento de estos actos de violencia callejera a actuacions terroristas.

Ninguno de estos aspectos se han tratado en detalle pero serán motivo de debate en futuras reuniones del Pacto Antiterrorista de Madrid.

Los partidos democráticos también decidieron impulsar el papel del Pacto de Madrid y para ello expresaron su deseo de que se reúna con mayor frecuencia -la anterior reunión se produjo en noviembre de 1994-. De hecho se acordó un nuevo encuentro para el mes de mayo, sin perjuicio de que se produzcan reuniones anteriores si la situación lo requiere. Reiteraron su apoyo al espíritu y la letra de los pactos de Ajuria Enea y Navarra así como a los documentos aprobados en esos dos foros la pasada semana.

Finalmente, decidieron hacer una declaración expresa de solidaridad con los ciudadanos vascos y navarros que sufren más directamente la violencia etarra, con la familia del empresario secuestrado por ETA José María Aldaya, con los partidos políticos y con las Fuerzas de Seguridad y la Ertxaintza.

ACLARAR EL CASO GAL

Belloch se reafirmó ensu apoyo a la parte del texto aprobado en Ajuria Enea en la que se reconoce que "desde determinadas instancias del Estado se han cometido injustificables vulneraciones de los derechos humanos y de las reglas con que siempre debe proceder el Estado de Derecho en su propia defensa".

En este sentido, todos los partidos expresaros su deseo de que los jueces aclaren el caso GAL y se depuren las responsabilidades precisas.

La única referencia a un posible fin dialogado de la violencia la hizo el represntante socialista, José María Benegas, quién recordó que el Pacto de Ajuria Enea establece que antes del inicio de un proceso de diálogo es necesario un "inequívoco cese de la violencia" tras lo cual los representantes legítimos del pueblo vasco podrían emprender la negociación que "ETA sabe que sólo puede mantenerse entre partidos políticos".

El ministro de Justicia e Interior desmintió asimismo que el presidente del Gobierno, Felipe González, recibiera una carta de ETA en la que le ofrecían abrir unproceso de diálogo para terminar con la violencia en Euskadi.

Según dijo "eso es propaganda terrorista. Esta la manera más amable de ETA de intervenir en los procesos electorales, desgraciadamente otras veces lo hace con muertos y bombas. No deberíamos darle importancia porque, como todos saben, la propaganda no se ajusta a la verdad".