La medida del Convenio de Berna, que modifica el estatus del lobo de estrictamente protegido’ a ‘protegido’, facilita la flexibilización de las normativas para su caza, lo que deja a la especie “más expuesta a intereses económicos y políticos, especialmente de los sectores ganadero y cinegético”, según el Pacma.

La formación animalista apuntó que trasladar al lobo del Apéndice II al Apéndice III del Convenio supone un "grave retroceso en su conservación", ya que permite a los países europeos adoptar “medidas más permisivas” que podrían aumentar las capturas de este emblemático depredador. “Esta decisión afecta a los 20.300 lobos que habitan en Europa”, apuntó.

Por ello, pidió al Gobierno español que mantenga la protección del lobo ibérico y “no ceda a las presiones de sectores privados ni comunidades autónomas”, como Galicia, donde el Parlamento ha aprobado una proposición no de ley que insta al Ejecutivo a retirar al lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.

El consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha reiterado su apoyo a la flexibilización de la protección del lobo tras haber lanzado un informe que recoge un "incremento exponencial" de la especie en esa comunidad.

Según el Pacma, la decisión del Convenio de Berna contradice las recomendaciones de expertos en conservación, como los científicos de la Iniciativa de Grandes Carnívoros de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), quienes han considerado "injustificado" ese cambio de rumbo desde el punto de vista científico.

“El lobo es una especie clave para el equilibrio de los ecosistemas y que su caza no está justificada ni por un aumento significativo de los daños al ganado ni por riesgos para la seguridad pública, como han señalado los propios expertos de la UICN”, concluyó el Pacma.